La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al Gobierno que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.
«El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba de la credibilidad de las próximas elecciones», destacó Bachelet en una presentación oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su exposición salieron a relucir las represalias que toma el régimen de Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la ONU.
«Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas», reveló.
LEE TAMBIÉN
Gobierno de Maduro rechaza pronunciamiento de la ONU sobre caso Azul Positivo
Asimismo, hay organizaciones no gubernamentales que están bajo investigación por motivos similares.
Además de ello, la Oficina de Bachelet en Ginebra ha recibido denuncias de represalias contra venezolanos que han colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con una misión internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Esa Misión —que trabaja de forma independiente del organismo que dirige Bachelet, que le aporta únicamente apoyo técnico— se presentó en la víspera ante el mismo Consejo de Derechos Humanos para exponer los últimos resultados de sus pesquisas.
La denuncia más grave que hizo tuvo que ver con doscientas ejecuciones extrajudiciales desde el pasado septiembre por parte de las fuerzas de seguridad.
En su presentación de hoy, Bachelet aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurren en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.
Entre las víctimas también hay miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
Por otra parte, la Alta Comisionada dijo que ha recibido datos que indican que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año.
La consecuencia sería que un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
LEE TAMBIÉN
Informe de Provea señala a organismos de seguridad por la muerte 2.853 venezolanos
Consideró que, en este contexto, la asistencia humanitaria es más esencial que nunca y que por ello son preocupantes las restricciones dictadas por el Gobierno al trabajo de las ONG, que incluyen la congelación de activos.
Sin embargo, Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra el COVID-19.
Algunos representantes de ONG que tomaron la palabra después de Bachelet denunciaron que los planes de vacunación del Gobierno están guiados por intereses políticos.
Los lotes de vacunas que ha recibido Venezuela hasta el momento han sido enviados por Rusia y corresponden a la vacuna que este país ha desarrollado.
Cuando le tocó intervenir, el embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Héctor Constant, sostuvo que el seguimiento que hace el Consejo de Derechos Humanos de su país es producto de una decisión tomada por «un grupo de países violadores de los derechos humanos».
Sostuvo que las observaciones de Bachelet «carecen de equilibrio», que reflejan «informaciones que no han sido verificadas» y que son producto de campañas de medios internacionales de prensa contra Venezuela.
