Caracas.- La mañana de este miércoles 16 de septiembre, se inició con la presentación de los resultados preliminares sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014 y se documentaron 100 casos de tortura durante el Plan Zamora implementado por el gobierno de Nicolás Maduro.
El Plan Zamora fue establecido en 2017 como «estrategia para responder a posibles eventos adversos o intervención extranjera que ponga en riesgo la seguridad del país».
La Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas determinó que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2014, encabezadas en aquel entonces por Leopoldo López, han ocurrido violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios de seguridad del Estado.
La Misión señala que investigó 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que «encontró fundamentos razonables para creer que el Sebin arrestó, detuvo y/o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. Creemos que altos funcionarios se encuentran involucrados», reza el informe.
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La Misión investigó casos de violaciones de DDHH que incluyen tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Hombres jóvenes son las principales víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, se determinó que estos fueron asesinados bajo la custodia de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
Según el informe, estas ejecuciones contra activistas políticos y sociales de alto perfil público ocurrieron en su mayoría por funcionarios de las Faes, la Dgcim y el Sebin.
Respecto a las represiones en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU consiguió pruebas sobre el trabajo en conjunto entre los cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados irregulares para arremeter contra las manifestaciones y el asesinato de los que protestaban.
Según estos resultados, esta Misión hace un llamado a Maduro para detener estas acciones e instan al Ministerio Público a investigar los casos que se encuentran en el informe. «La impunidad debe terminar», concluye el informe
