Washington, 15 jun (EFE).- A pesar de sus diferencias sobre la situación de Nicaragua, una amplia mayoría compuesta por 26 países se unió este martes en la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, la liberación «inmediata» de los aspirantes presidenciales detenidos.
La OEA aprobó una resolución que, sin mencionar a Ortega por su nombre, y pide «la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos».
La iniciativa, impulsada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., Paraguay y Perú, superó sin problema la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada al recibir el respaldo de 26 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
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En contra votaron la propia Nicaragua, el Gobierno izquierdista del presidente boliviano, Luis Arce, y San Vicente y las Granadinas, aliado de Caracas. Se abstuvieron Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina.
El texto de la resolución consta de cuatro puntos. El más importante es el que resuelve condenar «inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias» impuestas a los aspirantes presidenciales, partidos políticos y medios de comunicación en Nicaragua.
Ese punto es una reacción directa a la detención este fin de semana de seis disidentes sandinistas, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, y del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.
Además, la Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro del presidente Ortega, mantiene bajo arresto a cuatro precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.
En segundo lugar, expresaron la «grave preocupación» de la OEA por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no ha implementado reformas electorales destinadas a garantizar unos comicios «libres» y «justos» el 7 de noviembre, en los que Ortega buscará su tercera reelección consecutiva.
Asimismo, la resolución urge «enérgicamente» al Gobierno de Nicaragua a implementar «sin demora» medidas para garantizar unos comicios transparentes y pide que se permita la observación electoral independiente de la OEA y de otros países.
Las 26 naciones que votaron, acordaron seguir de cerca el proceso electoral en Nicaragua para su «posible» presentación ante la Asamblea General, el foro político más importante de la OEA que reúne a los cancilleres de todos los Estados miembros.
Por su parte el embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, expresó su rechazo a que se trate en un foro internacional el proceso electoral de su país, que considera un asunto interno.
Pidió al Gobierno de Ortega no reconoce la legitimidad de la resolución y rechaza cualquier «intromisión» de la OEA por considerar que actúa bajo las órdenes de Washington.
«Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización», arremetió Alvarado.
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