Sao Paulo.- La Justicia brasileña ratificó y elevó cinco años, hasta 17, una segunda condena por corrupción y blanqueo de capitales dictada en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en libertad tras pasar 580 días en la cárcel por una causa similar.
El anuncio del tribunal de segunda instancia supone un nuevo golpe judicial para el antiguo líder sindical y exmandatario (2003-2010), aunque podrá recurrir en libertad la nueva condena gracias a una reciente decisión del Tribunal Supremo, que permitió su excarcelación el pasado 8 de noviembre.
Los tres jueces de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región decidieron por unanimidad elevar a 17 años y 1 mes de cárcel la pena a 12 años y 11 meses que le había sido impuesta en primera instancia en el llamado «caso de Atibaia».
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Los miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el municipio de Atibaia (Sao Paulo), a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
En su alegación, que se prolongó durante más de cuatro horas, el instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto, manifestó que «poco importa la cuestión sobre la propiedad de casa de Atibaia», pues el «hecho es que Lula usaba el inmueble», formalmente registrado a nombre del empresario Fernando Bittar.
«Tenemos amplia documentación de pruebas, con informes periciales, documentos, bienes, referencias de testigos de que él (Lula) utilizaba el inmueble», destacó el magistrado en su voto.
Asimismo, antes de iniciar sus respectivas consideraciones sobre el mérito de la condena, los tres jueces votaron en contra de anular el proceso, como había solicitado la defensa del expresidente con base en un reciente fallo de la Suprema Corte.
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Tras el veredicto, la defensa del exmandatario brasileño criticó la celeridad del proceso y su cariz político, y volvió a denunciar lo que considera una «persecución» jurídica contra el líder del Partido de los Trabajadores, de 74 años.
