Bruselas.- La jungla lingüística de Bruselas, donde 24 idiomas oficiales se entremezclan en reuniones, conferencias y ruedas de prensa, no funcionaría sin los intérpretes, que descifran cada intervención y garantizan el multilingüismo que exigen los tratados comunitarios. Ahora hay un problema.
La pandemia de coronavirus ha dejado a unos 1.500 freelance de este gremio sin trabajo y ningún acceso a protección social, a causa de la cancelación de sus contratos y por la falta de un sistema de compensación específico para este gremio en los organismos de Bruselas.
A finales de marzo, instituciones como la Comisión Europea y la Eurocámara comenzaron a avisar a estos intérpretes de la cancelación de sus contratos diarios, que se haría efectiva a finales de mayo por una cláusula que impide liquidarlos a menos de 60 días de la fecha del mismo.
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Un elevado porcentaje de estos freelance trabajan casi exclusivamente para las instituciones europeas y pagan el impuesto a las instituciones comunitarias que se deduce en origen conforme a su convenio.
Sin beneficios sociales
Al no cotizar en ningún Estado miembro, muchos de ellos se han quedado sin poder acceder a los sistemas de prestaciones extraordinarios que han puesto en marcha la mayoría de los países europeos a raíz de esta crisis.
Su sueldo se sitúa entre los 350 y 450 euros diarios, pero trabajan menos de diez días al mes de media, tienen meses (como agosto) sin actividad y no perciben remuneración adicional por los días de preparación previos a una reunión ni para cursos de aprendizaje y mantenimiento de idiomas, claves para su labor.
Su situación implica además que los seguros de accidentes o enfermedad para los días en que no trabajan corren de su cargo y tampoco tienen vacaciones pagadas ni se les compensa por el lucro cesante, sea por una enfermedad o una pandemia global.
«Estamos muy decepcionados con las instituciones, y muchos sin ingresos desde hace ya algunas semanas», explica a EFE Silvia Puit, representante de los agentes intérpretes de conferencia (AIC) ante las instituciones europeas.
Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por EFE señalan que la decisión de cancelar los contratos se tomó a finales de marzo, cuando vieron que las necesidades de interpretación iban a caer en picada por el confinamiento, pero destacan que se cumplió con los pagos de los contratos en los 60 días siguientes, como exigen los convenios.
El Parlamento cuenta con unos 250 intérpretes de plantilla que cubrieron las escasas reuniones que se celebraron durante los peores meses de la pandemia, entre ellos varias sesiones plenarias (en las que se garantizan las 24 lenguas de la Unión) y comisiones parlamentarias, en las que el sistema informático para permitir el seguimiento a distancia permite un máximo de ocho idiomas.
Fuentes de la Eurocámara aseguran que se están volviendo a hacer contratos a un 20% de los intérpretes freelance y la Comisión apunta que las reuniones que interpretan se han duplicado en cantidad respecto a hace dos semanas, mientras que el gremio afectado apunta a que el Parlamento «ha retomado de manera muy modesta la contratación a medio plazo para finales de mayo y junio».
Anticipos insuficientes
Por el momento, las instituciones han ofrecido a estos intérpretes un anticipo de unos 1.300 euros netos en concepto de días que les prometen trabajar de aquí a final de año, un «puente» para aliviar el impacto inmediato de la falta de ingresos que, según avisan los intérpretes, no resuelve el problema a largo plazo.
«Para nosotros se trata más bien de un préstamo y no tanto de una ayuda real como las que han dado los Estados miembros. No compensa la situación en la que estamos porque lo que hace es retrasar los problemas financieros que hayamos podido tener por esta pérdida de ingresos», lamenta Puit.
Fuentes parlamentarias aseguran que se manejan otras posibilidades, como contratar a estos trabajadores para dar formación, aunque los intérpretes recalcan que esta oferta no se ha puesto sobre la mesa de manera formal.
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«Les pedimos un sistema similar al que han creado muchos Estados miembros y un diálogo social real», explica Silvia, que apunta a una ayuda «verdadera, similar a los sistemas de ayuda nacionales (renta básica)» para los intérpretes cuyos ingresos dependen de las instituciones.
«Somos muchos los que estamos aquí exclusivamente para trabajar para las instituciones. Estamos en una situación un poco híbrida, difícil de entender, pero muy dramática», cuenta Dimitri Malafecas, intérprete de cabina griega.
Malafecas insiste en la situación especialmente precaria de colegas que han realizado un gran esfuerzo e inversión de tiempo y dinero para aprender un idioma considerado «exótico», una práctica que las instituciones fomentan mediante becas y publicidad dirigida a estos profesionales.
«Son los colegas peor parados. Está claro que alguien que habla lituano, letón o esloveno puede ser muy útil en una institución como la Unión Europea, pero en cualquier otro contexto no sirve de mucho. Depende exclusivamente de esto. A veces estas instituciones han insistido para que alguien aprenda un idioma exótico, para tener más trabajo», señala.
Lo sabe bien Miguel —nombre ficticio—, un intérprete español que explica a EFE que su esfuerzo para estudiar maltés (uno de los seis idiomas que puede interpretar) lo hizo «con la idea de venir aquí», ya que es un idioma que no se puede usar en prácticamente ningún otro ámbito profesional.
Esta crisis deja «con una mano delante y otra detrás» a muchos intérpretes que, como él, han venido a Bruselas con sus familias y han comenzado proyectos vitales en torno a la idea de que su trabajo como intérpretes iría vinculado al día a día de la capital comunitaria.
No obstante, como destaca Puit, las instituciones también dependen de los intérpretes para garantizar el cumplimento de los tratados europeos y la rutina de una maquinaria inmensa que avanza en 24 idiomas, todos ellos necesarios para representar a una población europea de casi 450 millones de personas.
«Sin nosotros no se puede garantizar el multilingüismo», avisa la española.
