| Foto: El Desconcierto
Caracas.- Puerto Rico atraviesa una situación de incertidumbre después de que el Gobierno rechazó el acuerdo alcanzado entre los acreedores y la entidad de control, impuesta por Estados Unidos para intentar reducir la millonaria deuda de la isla.
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Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda, y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez, solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
El acuerdo anunciado el fin de semana entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Estados Unidos, y los tenedores de una deuda pública impagable de más de 70.000 millones de dólares, supone reducirla en un 70%, lo que, según analistas, abre un panorama con final incierto.
El acuerdo, a pesar de contar con el aval de la JSF, deberá pasar ahora por la barrera de las cámaras legislativas de la isla caribeña -en principio reacias al acuerdo- y de la jueza federal Laura Taylor, responsable del proceso de reestructuración de la deuda.
La incertidumbre en el panorama institucional no ayuda a la economía de la isla caribeña, muy castigada tras más de una década de caída, a lo que se suma el gasto de miles de millones de dólares provocado por el huracán María, de septiembre de 2017, y los terremotos de enero pasado.
Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), señaló a EFE que la JSF ha apostado todo su prestigio a este acuerdo y que se sabía que ambas partes, tanto acreedores como pensionados, iban a tener que rebajar sus expectativas como consecuencia del acuerdo.
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Crucial acuerdo en año electoral
Negrón informó que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, al rechazar públicamente el acuerdo, tuvo en cuenta, probablemente, el factor político, en especial dada la cercanía de las elecciones de noviembre.
«Puede ser un elemento inevitablemente político -la postura de la gobernadora-, ya que no puede darse el lujo de ponerse en contra de los pensionados», señaló el economista luego de apuntar que se trata de cientos de miles de personas que serán decisivas con sus votos en los próximo comicios.
Según el nuevo acuerdo anunciado por la JSF, Puerto Rico resolvería por completo su deuda heredada en 20 años, o sea, 10 años antes que con el acuerdo anterior. El nuevo acuerdo reduce 35.000 millones de dólares de deuda y otros pasivos en un 70% (es decir, 24.000 millones), a menos de 11.000 millones, lo que representa una reducción adicional de 1.000 millones con relación al acuerdo anterior.
Los tenedores de unos 8.000 millones en bonos respaldan el acuerdo, incluidas las cooperativas de crédito puertorriqueñas y los inversores municipales tradicionales.
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, rechazó el acuerdo porque, en su opinión, no protege lo suficiente los derechos de los pensionados públicos. «Mi Gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales. Nuevamente, mi posición durante este proceso ha sido que si los bonistas -tenedores de deuda- reciben mejor trato en un nuevo acuerdo, los pensionados también deben recibir mejor trato. Esto es un asunto de justicia básica», subrayó Vázquez en un comunicado.
Necesidad de consenso urgente
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, señaló en conferencia de prensa que espera que tanto el Gobierno como las cámaras legislativas sepan entender el alcance del acuerdo logrado con cerca de una treintena de fondos de inversión para el segundo plan de ajuste de la deuda para el Gobierno central que lidera Vázquez.
Jaresko aclaró que está en contacto con los líderes de las cámaras legislativas y que el objetivo es conseguir que Puerto Rico supere la situación de bancarrota por la que atraviesa. Afirmó que el acuerdo debe salir adelante, a pesar del rechazo de la gubernamental Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Esa entidad gubernamental insistió en un comunicado en que la JSF se ha negado a mejorar las condiciones de los pensionados, un colectivo que ha hecho ya suficientes sacrificios.
El proceso en marcha pasa ahora por ver la decisión de las cámaras legislativas sobre si apoyan el acuerdo y de la jueza federal que supervisa la reestructuración de la deuda.
El choque entre la JSF y el Gobierno supone volver a episodios pasados, cuando el exgobernador Ricardo Rosselló mantuvo continuos enfrentamientos con la entidad de control al acusarla de tratar de inmiscuirse en la política pública del Ejecutivo.
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