Bogotá. La región colombiana del Catatumbo sigue siendo una «zona de guerra», pese a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y ahora muchas de sus víctimas son venezolanos que han llegado hasta allí huyendo de la crisis de su país, denunció este jueves la ONG Human Rights Watch, reseñó EFE.
La organización alertó de que en esa zona, ubicada en el departamento de Norte de Santander que es fronterizo con Venezuela, persisten las dinámicas del conflicto armado porque hay «falta de control pleno y efectivo» por parte del Gobierno en algunas áreas que antes dominaba la guerrilla.
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Según el informe, «La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia», allí operan exmiembros del Frente 33 de las Farc, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno una banda narcotraficante,
«Esa guerra tiene como presas del conflicto a la población civil del Catatumbo, campesinos pobres que no han conocido al Estado colombiano durante décadas y que están expuestos a abusos gravísimos cometidos por estos grupos armados», afirmó el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, cita la agencia.
Entre los más afectados por esta situación están los cerca de 25.000 venezolanos que vivían allá hasta abril, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) citadas en el informe.
Según constató en terreno HRW, los ciudadanos del país petrolero que están radicados en el Catatumbo son víctimas de delitos como el reclutamiento de menores, los homicidios y los desplazamientos forzados.
Muchos de los venezolanos que han llegado a la región viven en una situación precaria, ya que duermen «en las calles o en edificios en condiciones de hacinamiento, a veces sin electricidad ni agua potable», según el informe. Sin embargo, añadió Vivanco, muchos han encontrado en el Catatumbo «una posibilidad de comer» y de «sobrevivir» que no tenían en su país.
Vivanco presentó el informe al presidente colombiano, Iván Duque, sobre quien dijo que tuvo una posición «muy receptiva» acerca de la situación y consideró que las recomendaciones de HRW son «razonables«.
«Fue una posición receptiva, constructiva frente al informe, no hubo ninguna descalificación o esfuerzo por minimizar la realidad que afecta a Catatumbo (…) Le dio instrucciones a sus asesores y al ministro de Defensa (Guillermo Botero) para que examinaran el informe», añadió.
Para realizar el estudio, Human Rights Watch entrevistó a más de 80 personas entre víctimas de abusos, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona.
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