Copenhague.– La Fiscalía sueca anunció este martes el cierre de la investigación preliminar por violación contra el fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange. Esto por el debilitamiento de las evidencias y la falta de base para una acusación.
«La denunciante ha presentado un relato creíble y fiable. Sus explicaciones son claras, largas y detalladas. Pero considero que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación», dijo la fiscal superior Eva-Marie Persson.
Continuar la investigación e interrogar a Assange no supondría un cambio «decisivo» en la situación probatoria. La misma no es suficiente para elevar una acusación, resaltó la fiscal.
Persson había ordenado en mayo reabrir el caso, cerrado en 2017, después de que Assange, que espera ahora que el Reino Unido decida sobre su extradición a EE.UU., fue arrestado por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres.
La Justicia sueca rechazó en junio la petición de emitir una orden de arresto europea. Consideró que no sería proporcionado, ya que es suficiente con una de investigación en materia penal.
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La Fiscalía continuó con sus pesquisas e interrogó a siete testigos. Esto según informó Persson en su anterior comparecencia sobre un delito que prescribía en agosto de 2020.
Assange fue condenado en mayo por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel. Esto por violar las condiciones de libertad condicional en 2012. Afronta en febrero un juicio de extradición a EE.UU. Ahí se arriesga a una pena de hasta 175 años por cargos como espionaje y publicación de documentos clasificados.
La Fiscalía sueca emitió en noviembre de 2010 una orden de arresto europea contra Assange, detenido un mes después en Londres. A partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo reafirmó la extradición a Suecia.
El proceso en Suecia contra Assange, que se declara inocente y no ha sido formalmente acusado de nada, ha estado rodeado de polémica. Esto debido a la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.
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