Expertos de la ONU piden detener criminalización de sociedad civil en Venezuela

Foto: @CivilisDDHH

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Caracas.- Un panel de expertos en Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades venezolanas, este jueves 18 de febrero, a detener los continuos ataques e intimidaciones contra diversas organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

A través de un comunicado en su página web, los especialistas celebraron la liberación de los miembros de la ONG Azul Positivo el pasado 10 de febrero, pero rechazaron que aún pesen sobre ellos cargos penales por terrorismo, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales.

«Instamos a las autoridades a que retiren los cargos en contra de los cinco defensores de derechos humanos de Azul Positivo», dijeron los expertos.

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La directiva del panel está encabezada por Elizabeth Broderick como presidenta, junto a Melissa Upreti, Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane. Junto a ellas figuran Clément Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas.

Ellos señalaron que el Gobierno ha adoptado normas que han intensificado la presión contra las ONG y restringen su acceso a mecanismos de financiamiento internacional.

«Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la Ley contra el Odio de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros», sostienen los especialistas.

Los especialistas instan a las autoridades venezolanas —con quienes dijeron haber iniciado contactos— a revisar las leyes y prácticas restrictivas para lograr el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela con respecto a la protección de los Derechos Humanos en el marco del derecho internacional.