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El Gobierno español, tras un duro debate interno entre los miembros de la coalición, aprobó este viernes un plan de ayudas dotado con 11.000 millones de euros (13.100 millones de dólares), destinado principalmente a empresas y trabajadores autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia.
Este dinero irá destinado a transferencias directas -en su mayor parte-, recapitalizaciones y reestructuraciones de deuda, para ayudar a afrontar las pérdidas causadas por el cese o la disminución de actividad debido al COVID-19.
Estas ayudas, aprobadas hoy por el Ejecutivo en una reunión extraordinaria, llegan tras un duro debate interno entre los miembros de la coalición: el partido socialista (PSOE), que ostenta la presidencia y los ministerios de Hacienda y Economía entre otros, y Unidas Podemos, grupo de izquierda con una presencia en el Gobierno más centrada en el área social.
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La mayor parte de las ayudas, 7.000 millones de euros (8.300 millones de dólares), serán ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales.
En este apartado se incluye la concesión de entre 4.000 y 200.000 euros (entre 4.700 y 238.000 dólares) para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas.
Otros 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) serán para avales destinados a reestructurar deuda de las empresas, y los 1.000 millones de euros restantes (1.200 millones de dólares) irán para la creación de un fondo de recapitalización para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó en rueda de prensa que las ayudas se destinarán a sectores como el turismo, la hostelería y la restauración, el comercio o actividades relacionadas con la cultura y el deporte.
El objetivo es «impulsar el tejido económico para que esté en condiciones óptimas cuando llegue la recuperación», según Calviño, prevista para el segundo trimestre de este año.
La concesión de todas las ayudas está sujeta a una serie de condiciones, como que las empresas no tengan su domicilio en un paraíso fiscal ni estén en concurso de acreedores.
Las ayudas directas estarán ligadas al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. Además, las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.
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Estas ayudas serán gestionadas por los gobiernos regionales y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los siguientes criterios: impacto de la pandemia en la riqueza de las comunidades autónomas (regiones), impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.
Las empresas del sector turístico y el de la restauración serán las principales beneficiadas porque también son las que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, con un derrumbe de la actividad turística y el cierre o la limitación de aforos de bares y restaurantes.
Como ejemplo, el turismo representó en 2019 más del 12 % del PIB español, y en 2020 apenas llegó al 5,5 %, ya que las fuertes restricciones aplicadas en todo el mundo cortaron radicalmente los movimientos de personas.
En cuanto a la hostelería, ha cerrado casi una tercera parte de los más de 300.000 establecimientos que había en España antes de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleos.
Con esta realidad, las Islas Baleares (Mediterráneo) y las Islas Canarias (Atlántico), dos regiones muy afectadas en su economía por el peso que tienen en ellas el turismo, recibirán 2.000 millones de euros (2.380 millones de dólares) de los 7.000 millones de euros (8.300 millones de dólares) del paquete de ayudas directas.
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