Foto: Archivo
Caracas.- El miércoles, 8 de julio, se subastarán en un tribunal federal de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos, 100.000 barriles de gasolina que, al parecer, una empresa naviera del magnate venezolano Wilmer Ruperti, cercano al gobierno de Nicolás Maduro, planeó enviar a Venezuela.
De acuerdo con una publicación de Reuters, la compañía Brujo Finance Company, que tiene su sede en las Islas Marshall, temía que el acuerdo pudiera exponerlos a sanciones estadounidenses. Este caso demuestra cómo algunas compañías marítimas prefieren enfrentar a clientes en la corte que arriesgarse a que sus buques sean sancionados.
En una demanda presentada en el mes de mayo ante el Tribunal de Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, Brujo explicó que su buque, Alkimos, cargó gasolina en Panamá en marzo y el fletador, Sea Energy Company, dijo que era un viaje a Aruba o Curazao.
Según Brujo, Sea Energy informó que Alkimos debía descargar a través del mecanismo de transferencia barco a barco, en Aruba, a Beauty One, un petrolero que atracaba con frecuencia en Venezuela. Brujo agregó que le pidió garantías a Sea Energy para confirmar que la gasolina no iría a Venezuela, pero no recibió una respuesta satisfactoria, dice la publicación de Reuters .
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Brujo invocó la cláusula de sanciones de su contrato y llevó a Sea Energy a un arbitraje, allanando el camino para la subasta. Brujo busca resarcir los daños y perjuicios por los honorarios en que incurrieron con Alkimos mientras esperaban.
Sea Energy y ES Euroshipping -el dueño de la carga- acusó a Brujo de robo y dijo que la operación no presentaba riesgos porque el buque Beauty One no fue sancionado. “Ninguna ley aplicable (…) impone un embargo completo contra Venezuela”, dijo Reuters que escribieron las compañías.
ES Euroshipping es propiedad de Wilmer Ruperti, un magnate venezolano que coordinó un envío de gasolina a Venezuela en el mes de abril. Estados Unidos está investigando a Ruperti por posibles violaciones de las sanciones.
En enero de 2019 Estados Unidos impuso más sanciones a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), esto con el propósito de influir en la salida del poder de Nicolás Maduro. También ha impuesto medidas a navieras que transporten crudo venezolano y ha advertido de sanciones contra otras empresas que hacen negocios con Venezuela.
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