El empresario Fernando Gil Évora ha negado haberse reunido con el mandatario Nicolás Maduro como emisario de Cabo Verde para tratar la detención en el país africano del colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del mandatario latinoamericano.
En un comunicado emitido esta madrugada, 23 de agosto, Gil Évora aludió a una noticia, publicada esta semana por el diario estadounidense El Nuevo Herald, que aseguraba que él y el exdirector de Turismo y Transporte de Cabo Verde Oliveira Gomes Dos Anjos se reunieron en secreto entre el lunes y el martes con Maduro en el palacio presidencial, en Caracas, para abordar el arresto de Saab, reclamado por Estados Unidos.
«No llevamos a cabo ninguna misión a instancias de ningún gobierno, ni fuimos emisarios de nadie. Tampoco estuvimos en ningún palacio presidencial, por lo que no contactamos a ningún presidente, y mucho menos a entidades gubernamentales de otro país», subrayó el empresario caboverdiano.
«En este sentido, es globalmente falso hablar de encuentros políticos», aseveró Gil Évora, destituido esta semana como presidente del consejo de administración de Emprofac, compañía estatal de distribución de medicamentos en este país insular de África Occidental, por la polémica del viaje a Venezuela.
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El viaje, aseguró, «resultó de una invitación hecha por el equipo de abogados (de Saab) a una reunión sobre planificación y programación de vuelos y visados previstos para los meses de septiembre y octubre para la isla de Sal», en el norte del archipiélago caboverdiano.
«Esta misión —explicó— estaba programada para San Vicente y las Granadinas (país caribeño al norte de Venezuela), adonde efectivamente viajamos, misión financiada íntegramente por el grupo de abogados, que se ofreció a asumir los gastos de viaje en un jet privado español desde La Coruña (noroeste de España), teniendo en cuenta la falta de conexión en vuelos comerciales».
«El objetivo de este viaje era y fue solo comercial, siendo el resto invenciones sin ningún fundamento», zanjó Gil Évora.
El Gobierno de Cabo Verde negó rotundamente, el jueves 20 de agosto, haber enviado a dos emisarios a Caracas para entablar contactos con Maduro, versión que el sábado 22 de agosto repitió el primer ministro caboverdiano, Ulisses Correia e Silva, al subrayar que hay un proceso judicial en curso y se debe dejar trabajar a la Justicia.
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El Gobierno cesó después a Gil Évora como presidente del consejo de administración de Emprofac por «incumplimiento de deberes inherentes al administrador público y desvío de la finalidad de las funciones«.
El caso ha desatado una tormenta política en el país africano, donde el opositor Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (Paicv) exigió el Ejecutivo «mejores explicaciones».
Saab, de 48 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tanto el Gobierno como un tribunal del país africano han aprobado la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, si bien la defensa ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.
Tras la detención de Saab, Caracas señaló que él es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno que estaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
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