Foto: Cortesía Huffington Post
El Gobierno francés disolvió este miércoles el grupo ultraderechista Génération Identitaire, uno de los más activos de Francia y conocido por sus acciones contra los inmigrantes.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció el pasado 13 de febrero el inicio del proceso para ponerle fin y dio 10 días a la organización para hacer valer sus argumentos, que se desecharon al considerar que insta a la discriminación.
El decreto aprobado en Consejo de Ministros establece que, más allá de su objetivo oficial de promover la identidad local y europea a través de conferencias u otros actos, ese grupo promueve en realidad «una ideología que incita al odio, a la violencia o la discriminación de la gente por su origen, raza o religión».
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En nombre de ese pensamiento, según ese texto, algunos de sus miembros han provocado altercados o tentativas de altercados contra extranjeros, y particularmente contra musulmanes, aunque la organización como tal no los haya reivindicado.
Por su forma y su organización militar, tal y como añadió el Ejecutivo, Génération Identitaire podía considerarse una «milicia privada».
«Era el brazo armado de la xenofobia», indicó en conferencia de prensa el portavoz gubernamental, Gabriel Attal.
El grupo, fundado en septiembre de 2012, se presenta en su web como un «movimiento político juvenil» «en guerra contra todos los que quieren arrancar» a los franceses de sus «raíces» y «hacerles olvidar quienes son».
«Nuestra misión es simple: proclamar a gritos nuestro hartazgo, denunciar la invasión migratoria, despertar a nuestro pueblo, defender nuestra identidad», añade en su descripción, que insta a unirse a aquellos que no se sientan identificados con los discursos políticos.
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El Gobierno francés comenzó a estudiar la posibilidad de disolverlo a finales de enero tras sus recientes acciones contra la inmigración, en la que esos militantes van uniformados con un abrigo azul.
Una de las últimas, bautizada como «Misión Pirineos», tuvo lugar el pasado 19 de enero en la frontera con España. Activistas de ese grupo instalaron puestos de control en el departamento de Alto Garona y realizaron patrullas en todoterrenos.
Las autoridades locales no tardaron en reaccionar y denunciaron que aunque sus acciones «meramente simbólicas no provocaron ninguna alteración en el orden público, movilizaron inútilmente a las fuerzas del orden desviándolas de su misión de vigilancia de la frontera».
El pasado 20 de febrero la manifestación convocada contra su disolución reunió en París a unas 1.500 personas, según la Prefectura de Policía de la capital, y acabó con disturbios entre participantes y antifascistas y con 26 detenidos en total.
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