Washington. La Asociación Cuban Prisoners Defenders anunció este martes 14 de mayo que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra seis políticos cubanos, incluido el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su antecesor, Raúl Castro, por «esclavizar» a médicos cubanos.
La denuncia, interpuesta la semana pasada y hecha pública hoy en una rueda de prensa, pide a la CPI que investigue los abusos que desde 2002 supuestamente han sufrido decenas de miles trabajadores cubanos, la mayor parte de ellos médicos, que se han visto forzados a trabajar en misiones internacionales en condiciones de «esclavitud».
«Denunciamos situaciones de auténtica esclavitud por cientos de miles de personas. Consideramos que la Fiscalía de la CPI podría perfectamente investigar esos hechos como crímenes de lesa humanidad», afirmó el letrado español Blas Jesús Imbroda durante la rueda de prensa en la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Imbroda, integrante de la Asociación Cuban Prisoners Defenders, señaló como «máximos responsables» de esos crímenes a Díaz-Canel y Raúl Castro, actualmente primer secretario del Partido Comunista de Cuba.
A ellos se suman el ministro cubano de Salud, José Ángel Portal; el canciller, Bruno Rodríguez; el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; y la responsable de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
Según el presidente de la Asociación Cuban Prisoners Defenders, el español Javier Larrondo, los profesionales son forzados a participar en «condiciones de esclavitud» con largas jornadas laborales y restricciones a su libertad, de forma que por ejemplo no pueden conducir un coche o tienen que pedir permiso a un supervisor para casarse.
En muchos casos, según Larrondo, el Gobierno cubano quita a los profesionales el pasaporte para retenerlos «como si se tratara de una trata de blancas» y, además, les obliga a donar entre 75% y 90% de su salario a las arcas estatales. Además, las leyes cubanas penalizan con entre tres y ocho años de cárcel a quienes desertan de las misiones.
Al respecto, en su denuncia, la ONG asegura que las misiones no tienen un objetivo filantrópico, sino que se han convertido en la principal fuente de divisas del Ejecutivo cubano al permitirle recaudar anualmente unos 8.000 millones de dólares.
Las misiones se llevan a cabo en un centenar de países, 58 de los cuales han suscrito el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, de acuerdo a la Asociación Cuban Prisoners Defenders.
Cuba no ha firmado el Estatuto de Roma y por tanto ese tribunal no tiene competencia sobre los delitos que se produzcan en su territorio.
Pero, los denunciantes argumentan que la CPI sí puede exigir responsabilidades a las 58 naciones que han suscrito ese Estatuto y acogen esas misiones, entre los que se encuentran cuatro miembros de la Unión Europea (UE), Italia, Portugal, Suiza y Malta; así como Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina.
Para documentar la «realidad» de las misiones, los denunciantes han elaborado un informe de más de 300 páginas, que contiene 110 testimonios, 64 de los cuales ya han sido hechos públicos por medios de comunicación, y otros 46 han sido recogido entre 10.000 médicos desertores.
Ese informe ha sido remitido a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como a varios comités de la ONU, incluido el de los derechos del niño. Asimismo, la Asociación Cuban Prisoners Defenders ha enviado su informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cuban Prisoners Defenders es una ONG, integrada entre otros por el diputado español Carlos Rojas, miembro del Partido Popular (PP), y Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional.
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