A fecha de 3 de noviembre, había 30.325 enfermos de COVID ingresados en los hospitales españoles | Foto: EFE
Madrid.- Las autoridades regionales españolas aplican restricciones sociales y comerciales cada vez más severas para frenar la segunda ola de coronavirus, con casi 9.000 casos nuevos en 24 horas, y tratar así de evitar un confinamiento domiciliario de la población que tendría graves consecuencias económicas.
Toda la población española ya tuvo que permanecer en las viviendas, salvo motivo justificado, varios meses la primavera pasada, en los momentos más duros de la crisis sanitaria, cuando el Gobierno declaró por primera vez el estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo y duró hasta el 21 de junio.
El pasado 25 de octubre, el Ejecutivo volvió a decretar el estado de alarma, esta vez con un toque de queda nocturno en todo el país (excepto las islas Canarias debido a sus buenos datos epidémicos), y la mayoría de las regiones aplican confinamientos territoriales perimetrales para impedir el tránsito desde o hacia otras comunidades autónomas, excepto por razones laborales, médicas, de estudios u otras debidamente acreditadas.
El Ministerio de Sanidad español notificó este miércoles, 4 de noviembre, 25.042 contagios más (8.924 en un día), hasta llegar a 1.284.408 desde que comenzó la epidemia. El número oficial de defunciones se eleva a 38.118, después de añadirse 1.623 fallecidos en un nuevo sistema de recuento.
La región de Cataluña (noreste), una de las más afectadas de España, informó hoy de 5.024 infectados más en las últimas 24 horas y 66 fallecidos, aunque la propagación frena poco a poco.
La incidencia acumulada (casos por cada 100.00 habitantes) de los últimos 14 días se sitúa en 528,75 en España.
A fecha de 3 de noviembre, había 30.325 enfermos de COVID ingresados en los hospitales españoles, un 16,4% de las camas; y de ellos, 2.786 estaban en las unidades de cuidados intensivos (29,11% de ocupación), según Sanidad.
Varias regiones españolas anunciaron ayer nuevas restricciones, similares a las de otros territorios, para tratar de frenar la expansión del coronavirus.
Es el caso de Galicia (noroeste), donde a partir del próximo viernes, y durante un mes, se cerrarán las actividades no esenciales, incluida la hostelería, así como el cierre perimetral de las principales ciudades, que afectará al 60% de la población gallega.
Otras, como Asturias (norte) o Castilla y León (centro norte), plantearon días atrás medidas más duras como el confinamiento domiciliario. Sin embargo, el Gobierno y las regiones acordaron descartarlo por ahora y se dieron entre dos y tres semanas de margen para comprobar la eficacia de las restricciones que se aplican ya.
«De momento no contemplamos un confinamiento domiciliario», dijo ayer el ministro de Sanidad, Sanidad Illa, en una rueda de prensa.
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