Los jóvenes conocidos como "soñadores" celebraron la decisión del Congreso de Estados Unidos que desestima la medida de Trump de suspender el programa | Foto: Reuters
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió este jueves, 18 de junio, un falló a favor del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés). La decisión del tribunal cataloga como arbitraria y caprichosa la medida que en el 2017 tomó el presidente norteamericano, Donald Trump, de anular el programa que protege de la deportación a quienes llegaron al país norteño cuando eran niños y adolescentes menores de 16 años.
Este fallo significa que el programa seguirá funcionando, pese a la negativa de Trump. Los migrantes podrán seguir renovando su permiso de protección que los deja libres de cualquier amenaza de deportación.
A continuación te explicamos qué es Daca y por qué la polémica entre Trump y quienes se benefician del programa.
El presidente Barack Obama creó por decreto del 15 de junio de 2012 el programa con el propósito de diferir la deportación de extranjeros que eran niños o adolescentes cuando ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y que, en muchos casos, jamás han estado en su país de origen.
Para beneficiarse, los jóvenes debían probar que llegaron antes de los 16 años de edad, que no tenían antecedentes penales, que cursaban educación secundaria o universitaria o cumplían servicio militar. Daca ofrece la garantía de no ser deportado, permiso de trabajo y un número del Seguro Social. Daca no ofrece residencia legal permanente (tarjeta verde) y da, en cambio, una situación de presencia legal en Estados Unidos.
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Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), hasta el 30 de junio pasado unas 660.000 personas se habían registrado en el programa. Las fechas de vencimiento de sus permisos depende de la fecha en que cada soñador o soñadora hizo su solicitud y varían entre enero de 2019 y junio de 2021. De la cifra dada por Uscis, 529.760 beneficiarios son de origen mexicano, seguidos por 25.350 salvadoreños y 17.260 guatemaltecos, entre los primeros lugares.
El 6 de septiembre de 2017 el presidente Donald Trump, quien durante su campaña electoral había prometido que protegería a los soñadores -como se autodenominan los beneficiarios de Daca- anuló el decreto de Obama, calificándolo de inconstitucional.
La decisión de Trump, con vigencia a partir del 5 de marzo de 2018, trasladó la decisión sobre estos soñadores al Congreso. En enero de 2018 los soñadores iniciaron querellas en tribunales contra el decreto del presidente Trump, que han transcurrido entre decisiones y apelaciones.
La suerte de Daca quedó envuelta en la contienda más amplia sobre la política del presidente Trump hacia los inmigrantes indocumentados, que ha incluido la deportación de decenas de miles de personas que llegaron a Estados unidos pidiendo asilo.
El Partido Republicano, que tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso entre 2017 y 2019, no dio al presidente Trump una reforma general del sistema de inmigración, y la retórica del presidente contra los inmigrantes ha consolidado esa parte de la opinión pública en oposición a los soñadores.
La Cámara de Representantes, que desde enero de 2019 tiene mayoría demócrata, aprobó en junio pasado un proyecto de ley para regularizar la situación de los soñadores. Pero el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha rehusado a presentar la legislación para debate y votación en la Cámara Alta del Congreso.
Desde la primera querella contra el decreto de Trump, en enero de 2018, el Gobierno ha pedido la intervención del Corte Suprema de Justicia, y desde entonces se han sucedido los fallos de tribunales y cortes de apelación federales en la continua batalla legal de los soñadores.
En junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia aceptó ocuparse de la disputa sobre la validez legal del decreto de Trump y realizó en noviembre una audiencia durante la cual escuchó los argumentos de las partes, dejando la decisión para antes del término de su sesión de este año.
La Corte Suprema, en una votación de cinco a cuatro, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump que ordenó el fin de Daca fue «arbitraria y caprichosa». El fallo no cuestionó la constitucionalidad del decreto de Trump en 2017, sino que enfatizó que el Gobierno no presentó argumentos adecuados que justificaran la terminación de Daca.
El presidente del Tribunal, John Roberts, quien escribió el dictamen, señaló que «la conveniencia de estas decisiones no es asunto que nos concierna. Solo dictaminamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de presentar una explicación razonada de sus acciones».
El significado práctico del fallo es que los beneficiarios de Daca siguen protegidos de la deportación, pero el gobierno de Trump podría intentar nuevamente la rescisión del programa añadiendo una explicación más firme que justifique la terminación del programa.
Pero lo cierto es que el fallo de este 18 de junio deja a Trump en un dilema cuando faltan 138 días para las elecciones presidenciales y en las cuales el voto de los inmigrantes puede ser decisivo en varios estados.
Recientes encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses, incluidos republicanos y conservadores, están de acuerdo en que los soñadores permanezcan en el país y tengan una vía legal a la ciudadanía.
EFE
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