La Corte Suprema de Justicia actualmente está compuesta por tres magistrados liberales y siete conversadores, entre ellos tres nombrados por el presidente Trump. Foto: Cortesía
La tensión en Estados Unidos continúa por los resultados de sus elecciones presidenciales. Aunque todas las proyecciones dan como ganador al candidato demócrata Joe Biden, quien ya ha sido reconocido por los expresidentes norteamericanos y líderes de varios países, el aspirante a la reelección, Donald Trump, se mantiene firme en su teoría sobre un presunto fraude electoral y se niega a declarar la derrota.
La decisión de la campaña del presidente Trump de llevar los casos de estados claves como Michigan, Georgia, Winsconsin y Pensilvania ante tribunales hasta el momento no parece avanzar lo suficiente para lograr un cambio en el virtual resultado de las elecciones. Desde el 3 de noviembre, el propio Donald Trump ha repetido una y otra vez que llevará su impugnación hasta la máxima instancia judicial de EE.UU.: la Corte Suprema de Justicia.
Aunque todavía no hay información de que el equipo de Trump haya iniciado los procedimientos legales para pedir la anulación de los votos por correo e investigar las supuestas irregularidades achacadas a los demócratas, los republicanos esperan con esta jugada repetir la hazaña de las elecciones del 2000, cuando la Corte falló a favor del entonces candidato George W. Bush, luego de un empate técnico frente a Al Gore que fue decidido con los votos del estado de Florida.
De llegar el caso a la Corte Suprema, Trump contaría a su favor con la presencia de una mayoría conservadora de 6 de sus 9 magistrados, entre los que figuran tres nombrados por el propio Trump durante su gobierno: Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y la más reciente, Amy Coney Barrett.
No obstante, el máximo tribunal no ha sido tan complaciente con el gobernante, quien durante sus cuatro años en la Casa Blanca debió resolver con el Poder Judicial varias polémicas, no siempre con resultados positivos para el republicano.
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El 27 de febrero de 2017, Donald Trump firmó una polémica orden ejecutiva en la cual prohibía por 90 días la entrada en territorio estadounidense de inmigrantes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, países de mayoría musulmana, así como restricciones en su Programa de Admisión de Refugiados. La medida afectó a más de 60.000 personas que planeaban viajar al país por la cancelación de sus visas, y causó confusión en los aeropuertos entre quienes ya habían viajado y repentinamente se les impidió salir del lugar.
El gobierno de Trump alegó que la medida aludía a razones de seguridad nacional dada la amenaza terrorista de grupos radicales islámicos, pero de inmediato fue suspendida por orden del juez de la Corte Federal de Distrito de Washington, James Robart. El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró entonces que el juez se había «extralimitado» al intervenir en las funciones del presidente e introdujo un recurso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., la cual fue rechazada y falló a favor de Robart.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial fue llevada hasta la Corte Suprema de Justicia, quien tuvo la última palabra. El 26 de junio, luego de meses de disputa, el presidente del tribunal, John Roberts, informó que tras una cerrada votación de 5 contra 4 se declaró como legal la orden ejecutiva de Trump, al considerar que la aplicación de vetos migratorios está enmarcada en sus atribuciones como presidente y no violaba las leyes del país.
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También durante su primer año en la Presidencia, Donald Trump continuó con su política férrea contra los inmigrantes, y en septiembre de 2017, a través de su entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció el fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés), lo que suponía la amenaza de deportación de más 700.000 migrantes indocumentados.
Daca es una política adoptada en 2012 durante el gobierno de Barack Obama, mediante la cual se reconocía el estatus migratorio de jóvenes indocumentados que ingresaron al país con sus familias cuando apenas eran niños, y que les concedía oportunidades de estudio y trabajo mientras legalizaban su situación, además de brindarles acceso a documentos como licencias para conducir y números de Seguridad Social.
Ya desde el comienzo del gobierno de Trump no se habían aceptado nuevas solicitudes para el programa, pero luego del pronunciamiento de nueve fiscales conservadores contra el Daca, se hacía latente la amenaza de deportación contra los jóvenes conocidos como «Dreamers» (soñadores). Varios tribunales menores intentaron frenar la medida, hasta que finalmente el 18 de junio de este 2020 la Corte Suprema bloqueó cualquier intento del gobierno de Trump de eliminar el Daca.
Nuevamente fue una votación cerrada de 5-4, donde esta vez el magistrado Roberts se puso del lado del ala progresista de la Corte y declaró como ilegales las acciones impulsadas por la Casa Blanca, al considerarlas «arbitrarias y caprichosas».
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Antes de celebrarse las elecciones presidenciales, diferentes escándalos estallaron en torno a las finanzas personales de Trump, quien durante muchos años se ha negado a dar información sobre sus declaraciones de impuestos y la contabilidad de sus empresas, siendo el primer presidente de EE. UU. en la historia reciente con un historial financiero tan opaco.
Una investigación realizada por el diario The New York Times con acceso a documentos del mandatario determinó que Trump había evadido impuestos durante 11 años a través de diferentes maniobras y tramas legales, y que durante su primer año en la Presidencia solo pagó 750 dólares en impuestos cuando sus dos antecesores, Obama y Bush, pagaron más de 100.000 dólares anuales de renta durantes sus mandatos.
El fiscal de distrito de Nueva York, Cyrus Vance, abrió una investigación ante la corte federal de ese estado para investigar las finanzas del presidente no relacionadas a su campaña electoral o su gobierno, y citó a declarar a la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, para que facilitara sus declaraciones de impuestos, así como otros documentos financieros. El fiscal Vance también investiga supuestas transacciones hechas por Trump con dinero no declarado de sus empresas para pagar a dos mujeres con las que sostuvo una presunta relación extramarital, y que el equipo de abogados del mandatario ha negado rotundamente.
La defensa, así como el Departamento de Justicia, han intentado bloquear las solicitudes de declaración de impuestos alegando que Trump posee inmunidad por su condición de presidente en funciones, aunque sus solicitudes fueron rechazadas tanto por la corte federal como por la de apelaciones.
Nuevamente el caso llegó hasta la Corte Suprema, donde con 7 votos a 2 se falló contra Trump, al declarar procedente la solicitud de sus registros financieros por parte del fiscal, pues determinaron que para ese caso no aplica la inmunidad presidencial.
Aunque fue un duro golpe judicial para Trump, la Corte devolvió el caso a los tribunales menores de Nueva York, por lo que el jurado no tendrá acceso a los documentos financieros hasta después de noviembre. De igual modo, los magistrados bloquearon la petición de la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría demócrata, de tener acceso a los registros de la firma Mazars USA, y de las cuentas de Trump en los bancos Deutsche Bank y Capital One, lo que evitó que la información tributaria del presidente se filtrara al público antes de las elecciones.
No obstante, si Biden resulta irreversiblemente ganador en los comicios y Trump sale de la Casa Blanca en 2021, podría tener que rendir cuentas ante la Corte de Nueva York una vez el fiscal obtenga sus registros.
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