Foto: cortesía/archivo
Caracas.- Este mes de junio asumirá el cargo de Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) el británico Karim Khan, hecho que puede ser determinante para las dos causas que se adelantan en ese tribunal sobre Venezuela, más aún cuando la fiscal saliente, Fatou Bensouda, y quien ha hecho seguimiento a ambos casos, anunció que daría respuesta sobre ellos antes de entregar su puesto.
Actualmente, hay dos causas presentadas ante la CPI sobre nuestro país: Venezuela I, que busca una condena contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad; y Venezuela II, que persigue un fallo contra el esquema de sanciones unilaterales impuestas sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
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Ambos casos se encuentran aún en “examen preliminar”, un proceso para recabar información para determinar si se aprueba una investigación formal sobre la situación de los derechos humanos. Mientras Venezuela I ya se encuentra en la etapa tres de las investigaciones, Venezuela II solo ha cumplido dos fases.
Según el resultado que anuncie Bensouda sobre Venezuela I, Nicolás Maduro se podría convertir en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por dicha corte, y tendrá un impacto directo en la crisis política que vive el país.
Desde 2014, la CPI recibe denuncias sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, remitidos por organizaciones internacionales y Estados que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.
Entre estas denuncian destacan el Informe de Human Rights Watch 2018 sobre ejecuciones extrajudiciales en barrios y zonas de escasos recursos; el reporte “Instituciones Democráticas, la Ley y Derechos Humanos en Venezuela” de la Cidh de 2018; el informe presentado por Argentina con testimonios de venezolanos residentes en ese país sobre violaciones de derechos en 2019; el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de 2020, el Informe Organización de Estados Americanos (OEA) 2020 -que estima que entre 2014 y 2020 se registraron 18.093 asesinatos por las fuerza pública y más de 15.000 detenciones arbitrarias por razones políticas-; y el informe de Amnistía Internacional 2021, entre otros.
Bensouda ha enfocado su trabajo en investigar el uso de la fuerza por parte del Gobierno para reprimir las manifestaciones ocurridas en 2017, y que, según cifras del informe de la OEA, registró al menos 131 fallecidos y 192 casos de abuso sexual.
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Por su parte, Venezuela II investiga el impacto de las sanciones impuestas contra el país y funcionarios del gobierno de Maduro, y se fundamenta en el informe de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan.
La relatora sostiene que estas acciones han agravado las penurias que viven los venezolanos, y señala que los efectos repercuten en todos los sectores de la sociedad, desde empresas privadas, ONG y empresas trasnacionales que operan en el país, hasta ciudadanos que ven limitado el acceso a alimentos, bienes y servicios, y medicinas.
En su informe preliminar, Douhan insta a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a levantar las sanciones impuestas contra Venezuela por violar los Derechos Humanos.
Desde 2005 se han aplicado sanciones a funcionarios venezolanos, pero recrudecieron en 2015 con sanciones específicas a empresas y se agudizaron con la sanción impuesta a Pdvsa en 2017. A la fecha, la organización social SURES contabiliza 140 personas sancionadas, al menos 140 empresas, 65 aeronaves y 52 buques, limitando la importación de insumos y a exportación de materia prima.
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