Romero, un cacique de etnia yupka que tenía entonces 44 años, fue asesinado en el marco de un conflicto territorial
Santiago de Chile.- La policía chilena interceptó este miércoles al venezolano Rigoberto Socorro, acusado en 2013 de participar en el asesinato del emblemático líder indígena Sabino Romero en el oeste de Venezuela, y que ahora trataba de ingresar de forma clandestina a Chile, según reseña la agencia EFE.
«Respecto de este ciudadano procederemos al proceso de expulsión del país particularmente si es que se confirman los antecedentes de ser autor o imputado del delito que se le asigna», afirmó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
La persona identificada como Rigoberto Socorro, que ingresó a Chile a través de Colchane, una localidad de la frontera norte que colinda con Bolivia, es supuestamente una de las seis personas condenadas por el homicidio de Romero en 2013.
Mientras que cinco de ellas, incluido Socorro, fueron condenadas en 2014 por haber participado en el asesinato en grado de complicidad correspectiva, el autor material, Ángel Romero Bracho, recibió en 2015 una condena de 30 años de prisión.
Por ahora, las autoridades chilenas no han confirmado que exista una orden internacional de captura en contra de Socorro, quien se encuentra en libertad a la espera de ser expulsado del país.
Romero, un cacique de etnia yupka que tenía entonces 44 años, fue asesinado en el marco de un conflicto territorial en el estado occidental de Zulia por dos encapuchados que se desplazaban en motos y que dispararon contra el vehículo en el que viajaba.
El indígena había estado previamente detenido desde finales de 2010, vinculado entonces a otros hechos de violencia derivados de la disputa de tierras, y había sido liberado poco antes de ser asesinado.
La ONU pidió al Gobierno de Venezuela que investigue de manera exhaustiva y castigue los casos de violencia contra indígenas yukpa, un pueblo que habita la Sierra de Perijá, que marca la frontera con Colombia.
Se prevé que Socorro pueda ser devuelto en uno de los 15 vuelos chárter que el Gobierno chileno anunció este año en el marco de una campaña para desalentar la migración con la que se pretende deportar a 1.500 migrantes.
Estos procesos de expulsión han recibido un aluvión de críticas por parte de la ONU y otras organizaciones de derechos humanos por no cumplir lar garantías judiciales mínimas.
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