El Congreso chileno aprobó este martes de manera histórica un proyecto de ley que permite casarse a las personas del mismo sexo, uno de los grandes anhelos del colectivo Lgtbi del país y una iniciativa que se comenzó a revisar hace más de cuatro años.

La propuesta fue revisada en la Cámara Baja durante la tarde, donde se aprobó por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones en una memorable sesión que acabó con aplausos.

Horas antes, había obtenido el visto bueno de la Cámara Alta, donde logró el respaldo de 21 senadores, 8 votaron en contra y 3 se abstuvieron.

Chile se convierte así en el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México.

La norma permite llamar matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo y además habilita la adopción y la filiación de hijos a ambos padres o madres, uno de los puntos clave de la discusión.

La decisión fue celebrada por las organizaciones Lgtbi del país, que llevan semanas urgiendo la tramitación parlamentaria y que esta tarde convocaron una celebración en la céntrica Plaza Italia de Santiago.

«Este es un paso histórico. Por fin terminamos con desigualdades estructurales y dignificamos a las personas de la diversidad sexual y de género», manifestó a Efe Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El proyecto de matrimonio igualitario se presentó en 2017 gracias al impulso de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) y estuvo estancado durante casi cuatro años.

El pasado julio, en un giro sorpresivo, el actual presidente, el derechista Sebastián Piñera, dijo que había «llegado el tiempo» de aprobar la iniciativa e instruyó al Parlamento que lo debatiera con urgencia.

El anuncio cayó como un jarro de agua fría entre los sectores más conservadores de la derecha, que la semana pasada votaron en contra y alargaron durante otros siete días la discusión.

Hasta ahora y desde 2015, las personas homosexuales solo contaban con la figura legal del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.