| Foto: archivo referencial
El Gobierno de Joe Biden anunció la noche del miércoles una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
«Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada«, detalló el secretario interino de ese departamento, David Pekoske, recién nombrado por Biden.
La razón, dijo Pekoske, es garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó «revisar y reiniciar» los protocolos.
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El DHS no aportó en el comunicado detalles sobre las personas que quedan excluidas de la medida de los 100 días.
Inaugurando la que se anticipa como una nueva era en la Casa Blanca, Biden cumplió su promesa electoral de presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en el país.
La iniciativa, que deberá recibir el visto bueno de ambas cámaras legislativas, dominadas por los demócratas, pretende administrar y proteger de manera responsable la frontera, mantener a «familias y comunidades seguras y administrar mejor la migración en todo el hemisferio», señaló un comunicado.
De ser aprobado, el proyecto legislativo de Biden supondría la mayor reforma migratoria desde el Gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1989), que legalizó a tres millones de indocumentados en 1986.
No en vano, y como su nombre indica, su punto clave es ofrecer una vía a la ciudadanía en ocho años a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en EE.UU.
Los inmigrantes podrán conseguir un estatus legal temporal que les dará la opción de alcanzar cinco años después el permiso de residencia («green card», o tarjeta verde), si cumplen una serie de requisitos como carecer de antecedentes penales y pagar sus impuestos.
«Los últimos cuatro años han sido traumáticos para las comunidades de inmigrantes que han sufrido implacables ataques de la Administración Trump. Hoy, pasamos la página de este capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos el arduo trabajo de reparar el daño y reconstruir una mejor unión que refleje los valores de nuestra nación», aseguró.
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En la Cámara Baja, el proyecto de ley estará patrocinado por la congresista hispana Linda Sánchez, quien dijo en un tuit que se ha esperado demasiado para esta reforma, por lo que no piensa perder el tiempo para ponerse «manos a la obra» para conseguirla.
Para intentar lograr el necesario apoyo republicano en el Senado, Biden incluyó además nuevos recursos en la frontera, su decisión de dejar de lado la construcción del muro en la frontera con México —la promesa electoral cumplida a medias por Trump— y apostar sobre todo por la «tecnología» para acelerar la detección del cruce ilegal de mercancías y estupefacientes.
La nueva propuesta pretende de igual forma destinar fondos para mejorar el «profesionalismo» de los agentes fronterizos y crear un comité para investigar posibles «malas conductas». Busca también mejorar la atención de individuos, familias y menores bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
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