| Foto: archivo referencial
La Haya.- La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, entregó el cargo este 15 de junio tras nueve años de servicio con luces y sombras. Consiguió las primeras condenas por crímenes sexuales y destrucción de patrimonio protegido, pero se va con el lastre de las absoluciones de altos cargos africanos sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
Un país latinoamericano que ha atraído la atención de la CPI es Venezuela, con un examen preliminar abierto por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017.
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Bensouda dijo la semana pasada que el expediente de Venezuela “ha avanzado significativamente” y esperaba anunciar “en cuestión de días” si abrir una investigación formal o clausurar el informe. En principio, la decisión se hará pública cuando el tribunal se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por Caracas, ya que Venezuela se quejó de recibir un trato “discriminatorio” y “desigual”.
En Latinoamérica, Bensouda también mantiene abierto el examen preliminar de Colombia, hecho público en 2004 por el conflicto armado entre el Ejército, la guerrilla de las Farc y grupos paramilitares.
Su sucesor es Karim Khan, un abogado británico con una amplia experiencia en la justicia penal internacional que estará nueve años en el cargo. Ambos ya han mantenido encuentros virtuales y presenciales para organizar la transición y el tribunal organiza este miércoles una ceremonia de relevo.
Antes de marcharse, la jurista gambiana dejó a su colega una recomendación, diciendo: “Habrá intentos de interferir con su imparcialidad. Debería hacer todo lo posible para resistirlos”.
La Fiscalía de La Haya vigila de cerca la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional para procesar delitos graves cometidos en el marco de conflicto armado. O, como dijo recientemente la jurista gambiana a EFE, “un desarrollo muy interesante” porque “va en la dirección de intentar traer justicia”. El asesinato de líderes sociales en Colombia también recibe el escrutinio de su oficina.
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