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Londres.- El Tribunal Superior británico dictó este jueves 2 de julio que la Administración «ad hoc» del presidente interino Juan Guaidó, y no la de Nicolás Maduro, puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare concluyó que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido «inequívocamente» a Guaidó como «presidente interino constitucional» del país y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.
El magistrado también decidió que «no es justiciable» —es decir, que la Corte no puede someter a examen— la legalidad en base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas.
El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró «en medio de las partes» en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.
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Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el Tribunal podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, que lo acusó de incumplimiento de contrato al no cumplir su petición de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra el COVID-19 en Venezuela.
El dictamen servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
Durante el proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como «presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones», en la práctica «mantiene lazos diplomáticos» con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno del primer ministro Boris Johnson reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a la doctrina de «una sola voz» aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.
Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela sin someterlos a escrutinio, debido, sostuvo, a que «no son justiciables» en jurisdicción británica.
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