La petición de la ONU se suma a las ya realizadas por la presidenta de la Comisión Europea | Foto: archivo
Caracas.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Michelle Bachelet, presentó este viernes, 25 de septiembre, una nueva actualización de su informe sobre los derechos humanos en Venezuela, en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Denuncia que más de 2.000 personas han sido asesinados entre enero y agosto de 2020 en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad.
Misión de la ONU exige a Venezuela investigación oficial sobre violaciones de DD. HH.
«Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020», señala la actualización.
Precisó que su oficina documentó casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. «Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos», advirtió.
CLAVES | ¿Qué dice el informe de la ONU sobre los DD. HH. en Venezuela?
También denunció restricciones a la libertad de expresión, con la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
«Reconozco los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir el COVID-19 en Venezuela a los que retornan por cruces irregulares», apuntó.
Reiteró el llamado a mejorar «sustantivamente» las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos para los presos con COVID-19; también a garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como a explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
La expresidenta de Chile advirtió que la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel «puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales». Reiteró el llamado a levantar las sanciones económicas para «facilitar la asignación de recursos durante la pandemia».
Se confesó preocupada por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos”, así como por el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y “la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y de la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
Frente a los próximos comicios parlamentarios del 6 de diciembre, hizo un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos con miras a alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.
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