Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, aseguró que la comunidad internacional no responde correctamente ante la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos que existe en el país.
“La combinación de la falta de medicamentos y comida, sumada a la propagación de enfermedades prevenibles que no son tratadas a tiempo, es una fórmula que mata y obliga a las personas a huir de la grave crisis instalada en Venezuela. Esta emergencia requiere una respuesta contundente de actores humanitarios que tenga un alcance total para la población más vulnerable”, indicó.
Gómez señala que las respuestas inadecuadas a la grave dimensión de derechos humanos han provocado que millones de ciudadanos huyeran, lo que constituye la segunda crisis de refugiados más grave del mundo.
La organización, a propósito del informe que publicó sobre la situación de los derechos humanos en 2019, indicó que al menos 7 millones de personas requieren ayuda humanitaria. Destacan que las limitaciones en el acceso a alimentos es crítica: 6.8 millones de venezolanos sufren inseguridad alimentaria severa.
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Sobre la migración de venezolanos, indican que los gobiernos receptores no han tomado mecanismos efectivos para tratar las solicitudes de asilo. Aseguran que algunos, como Chile y Perú, han limitado el acceso a los migrantes a estos procedimientos, lo que vulnera el derecho a solicitar protección internacional.
“Los Estados receptores deben mostrarse solidarios con el drama que viven los migrantes venezolanos, por ello es urgente que detengan toda política xenófoba que le cause más sufrimiento a las personas que salen de Venezuela para sobrevivir”, señaló Gómez.
Con motivo del cierre de la edición del informe anual, las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos referentes a detenciones arbitrarias, protección a defensores, detención del uso excesivo de la fuerza, la adopción de medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no presentaron avances.
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