Foto: Twitter | @FUERZARMADASV
Las primeras horas de la cuarentena residencial obligatoria ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estuvieron marcadas el domingo 22 de marzo por la detención de 269 personas tras supuestamente violar esta medida de prevención contra enfermedad por coronavirus, según informó el mandatario centroamericano.
Horas antes, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, expresaba que la Policía Nacional Civil (PNC) ya había hecho 112 arrestos en diferentes puntos del país. «Algunas de estas personas han sido encontradas en estado de ebriedad», dijo el funcionario en una conferencia de prensa.
Según el decreto presidencial, quienes incumplan la cuarentena serán enviados a un «centro de contención» sin recibir algunos de los beneficios que el resto de personas resguardadas en esos sitios tienen. El director de la PNC, Mauricio Arriaza, señaló que unos 23.000 agentes vigilan que se cumpla la medida, sin detallar el número de militares que colaboran.
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Por su parte, el fiscal general, Raúl Melara, pidió a Arriaza que «al percatarse de la violación de la cuarentena domiciliar, documente la misma y remita las diligencias a la Fiscalía para su procesamiento respectivo» por el delito de desobediencia de particulares.
Ante esto, el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Arnau Baulenas, criticó las capturas y aseguró que no son retenciones. »Son detenciones, sin garantizar sus derechos, entre ellos contar con un abogado y presentarlos ante un juez. Mantener privada de libertad a una persona, solo porque un policía interpreta que la salida a la calle no está amparada por el decreto, es ilegal”, denunció Baulenas.
Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), Angélica Cárcamo, rechazó «las restricciones al ejercicio periodístico» y pidió a Bukele «garantizar la libertad de prensa que dijo no sería violentada».
La Apes denunció que elementos de la Fuerza Armada decomisaron temporalmente el teléfono celular de un reportero para borrarle todas las fotografías que había tomado del operativo de contención en el fronterizo departamento de Morazán, a pesar de que él portaba su respectiva credencial de prensa.
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En tanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Pddh) demandó de la PNC que elabore un protocolo para identificar a las personas que se desplazan a fin de evitar la detención y trasladado de manera injustificada.
El Gobierno estableció que únicamente puede salir un miembro por familia para comprar comida y medicinas. También, se permite la salida de empleados públicos relacionados con la atención de la pandemia de COVID-19 y quienes trabajan en rubros vinculados a los alimentos, medicamentos, transporte, prensa, entre otros.
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