Los indígenas detenidos fueron implicados en la Operación Wey Pa´Ka que se registró de parte de militares activos y retirados | Foto: Archivo
El miércoles 25 de noviembre inició la audiencia preliminar en los Tribunales Civiles de los 13 indígenas pemón que fueron detenidos en diciembre del año pasado tras ser acusados de participar en un alzamiento militar que ocurrió en la Gran Sabana. La primera sesión culminó pasadas las 4:00 am, por lo que fue reanudada este jueves para seguir el proceso del que se espera surja la decisión del juez sobre estas personas acusadas por terrorismo.
Se trata de Óscar Pérez, Leomar Delgado, Alfredo Fernández, Frank Fernández, Fiacencio Meya, Amilcan Pérez, Frederick Fernández, Lisandro González, Carlos García, Pantaleón Pérez, Willy Martínez Ronny Sánchez y Salvador Franco; la mayoría habitantes del poblado indígena Kumaracapay, donde en febrero de 2019 se perpetró una masacre por parte de fuerzas de seguridad del Estado que dejó cuatro indígenas muertos.
Los pemón son acusados de terrorismo por presuntamente colaborar en la operación armada Wey Pa´Ka (operación Aurora), en la que un grupo de militares activos y retirados tomó el Fuerte de Luepa en la Gran Sabana, desarmó al pelotón y fue capturado cuando avanzaba hacia el fuerte Escamoto, ubicado a escasos kilómetros de la frontera con Brasil en Santa Elena de Uairén.
Entre los detenidos figuran indígenas que pertenecían a la Reserva Activa, quienes presuntamente colaboraron con los militares para que ingresaran al fuerte en Luepa.
Los demás fueron detenidos por supuestamente guiar a los rebeldes por caminos que sólo ellos conocen que los llevaron a Brasil, también los acusan de ocultar las armas que militares robaron de Luepa.
LEE TAMBIÉN
Pemones taurepán huyeron de la violencia y consiguen un hogar en Brasil
A pesar que la Ley de Pueblos Indígenas señala que todo miembro de las etnias ancestrales del país incurra en un crimen debe ser juzgado en su pueblo y bajo sus propios preceptos, los pemón fueron trasladados a las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde fueron torturados, se les negó atención médica y no se les permitió la ayuda de un traductor.
En marzo fueron llevados a la cárcel El Rodeo II, donde se encuentran detenidos hasta la fecha. Sus familiares han denunciado de forma constante las dificultades atravesadas para que les permitan ingresar alimentos y medicinas, varios de ellos han presentado serios cuadros de salud tras contraer amibiasis y enfermedades en la piel.
Esta web usa cookies.