Sindicato de la Corporación Venezolana de Guayana exige dolarización de los salarios

Puerto Ordaz.- Ante la posibilidad de la creación de una comisión, por parte del ejecutivo nacional, para discutir convenciones colectivas en las empresas básicas de Guayana, el Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep – CVG) indicó que antes debe haber una dolarización de los sueldos y salarios.

“No hacemos nada con discutir un contrato colectivo en bolívares porque eso sería igual a una devaluación en tres meses, por eso le estamos solicitando a Nicolás Maduro que dolarice los sueldos y salarios de todos los trabajadores, solo así podemos emprender una discusión cierta de las convenciones colectivas de cada una de las empresas”, propuso Ramón Gómez, secretario general de Sunep-CVG.

Los trabajadores indican que el salario que perciben actualmente no alcanza para cubrir las necesidades básicas como la alimentación, pues de acuerdo con las cifras del sindicato, 80% del personal de CVG devenga el salario mínimo.

Además, destacaron que las discusiones de las convenciones colectivas se deben realizar con los sindicatos legales escogidos por los trabajadores a través de elecciones y no por comisiones impuestas por el Estado venezolana.

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“En el caso de que se nombre esa comisión se debe realizar con los representantes genuinos de las empresas. Los trabajadores quieren que se les restituyan todos los beneficios que eliminaron el agosto de 2018 cuando arrancaron y eliminaron las contrataciones colectivas”, advirtió Gómez.

Entre los beneficios contractuales que exigen los trabajadores en la actualidad se encuentra el transporte, pues muchos no pueden asistir a sus puestos de trabajo por no tener como movilizarse, especialmente los foráneos que deben trasladarse desde San Félix o Ciudad Bolívar hasta Puerto Ordaz y deben disponer de su salario para pagar el pasaje.

La dotación de uniformes tampoco se ha cumplido y el seguro médico fue eliminado, lo que ha costado la vida de trabajadores y de sus familiares quienes deben acudir a los hospitales públicos de la región y muchos no tienen como pagar sus medicinas o tratamientos.