La mañana de este martes sepultaron a una de las ocho víctimas de la masacre de Ikabarú, que ocurrió el viernes 22 de noviembre. No le hicieron autopsia, según denunciaron familiares y caciques de la zona.
«Vimos pasar el ataúd de Perera; había mucha gente caminando junto a él, más que todo militares uniformados que lo acompañaron y dieron el último adiós», contó un vecino del sector Manakrü al ver el cortejo fúnebre del sargento de la GN Antonio Perera, quien estaba en proceso de retiro y trabajaba en la mina de este sector de la Gran Sabana.
Perera era instructor de premilitar en liceos de Santa Elena de Uairén, pero la difícil situación económica lo llevó a rebuscarse en esta zona minera. Tanto su familia como allegados se quedaron atónitos ante los hechos.
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El sargento, además de Máximo Jeremy Muñóz Solano (17), Luis Alejandro Fernández Gómez (28), Richard Antonio Rodríguez Galvis (30), Eslie Ezequiel Basanta (33), Edison Ramón Soto Suárez (46) y dos hermanos conocidos como Chichí y Cristóbal fueron ultimados por un grupo armado que irrumpió la noche del viernes en busca de los dos últimos. Como no los encontraron, mataron a los otros.
El lunes fueron hallados los cadáveres de Chichí y Cristóbal en la mina La Sabanita. Los pemones atribuyen este ataque a efectivos del Sebin y Dgcim que acabaron con los líderes para que el Gobierno tomara el control.
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Ante estos hechos, el cacique de la comunidad de Parkupik, Walter Torres, detalló que temen por sus vidas y alertó a la comunidad internacional, mediante un comunicado que grabó en video junto a los pobladores, que el gobernador de Bolívar representa una amenaza para los pemones de ese sector. Familiares de las otras víctimas aseguraron que tampoco les hicieron autopsia, detallando que las autoridades alegaron que no había el personal capacitado en Santa Elena.
