Foto cortesía: Kapé kapé
Tucupita.- La organización indígena Kapé kapé, observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, publicó el martes 23 de junio su informe Efectos de la minería ilegal en comunidades indígenas, 2019, en el que se analiza el impacto y efectos ambientales ocasionados después de cuatro años de haber sido promulgado el decreto 2.248, que contempla la propuesta de creación del proyecto denominado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO).
En el texto, la organización señala que cada vez son más visibles los efectos devastadores que tienen lugar en las poblaciones y comunidades indígenas que forman parte de los estados que comprenden la extensión del mencionado Arco Minero.
El reporte publicado en la página web www.kapekape.org, se expresa que hoy en día estas prácticas tienen lugar en los estados del sur, específicamente en las comunidades indígenas localizadas en las áreas de confluencia del Arco Minero. En este lugar se han ocasionado incontables e irreparables daños, entre los que se destacan: hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, masacres, etcétera. Además, Kapé Kapé señala el severo daño ambiental, ecológico y cultural de las comunidades originarias en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
En su amplio informe, Kapé kapé reporta: “La vida en estos lugares versa en función del oro. Allí la moneda nacional, el bolívar, no existe. En este tipo de contexto delictivo, donde se desarrolla la actividad minera, emerje todo tipo de abusos y violaciones, como la trata de personas y la violencia de género, violencia sexual, explotación infantil, persecuciones, desapariciones y masacres”.
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Particularmente, las niñas y adolescentes son utilizadas como mercancía de compra y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre los 5 y 10 gramos de oro. Este último es el costo mayor de una menor edad, menciona Kapé kapé.
La organización indígena asegura que las mujeres que se han resistido a estos abusos han sido víctimas de hostigamiento, secuestros y torturas. Incluso muchas mujeres y niños han resultado heridos o asesinados en muchos de los enfrentamientos entre los grupos armados por el control de la minería.
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En referencia a los pueblos originarios, la agrupación de derechos humanos señala que las comunidades indígenas han mostrado un total rechazo a las consecuencias que ha tenido la explotación minera en el ambiente. Esta es la opinión recogida en el mencionado informe de Kapé Kapé, en el que 74% de los indígenas entrevistados indicaron que los problemas ambientales han tenido una fuerte repercusión en sus pueblos.
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