Ciudad Guayana.- Al menos 26 personas fueron reportadas como desaparecidas en las zonas mineras de Bolívar durante el año 2021, de acuerdo con registros difundidos por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), una ONG que tiene base en el sur del país y que monitorea la violencia en el contexto minero, entre otros temas.
Según la organización, las desapariciones ocurrieron en los municipios Sifontes, El Callao, Sucre, Cedeño, Angostura del Orinoco y Gran Sabana. “La cifra es apenas el subregistro de un patrón de desapariciones forzadas que ocurre con mayor frecuencia desde que, en 2016, Nicolás Maduro puso en marcha la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO) como salvavidas ante la caída en picada de la industria petrolera”, aseveró la ONG en el informe.
Codehciu reveló que solo el 27% de los desaparecidos se reencontraron con sus familias, sin ayuda de los organismos de seguridad. “Este porcentaje de personas que aparecieron, reportaron a sus familiares que estuvieron tiempo sin comunicarse, debido a que empleadores dentro de las minas les quitaban los teléfonos, porque el sindicato de turno les prohibió la comunicación o por falta de señal telefónica”, añadió la organización en su documento.
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Entretanto, 72% de las víctimas no han vuelto a sus hogares; 5 de ellas son de los estados Apure, Mérida y Lara. “Desde otros estados la búsqueda es más cuesta arriba porque el Estado no cuenta con protocolo de búsqueda y, por lo tanto, familiares deben trasladarse hasta el estado Bolívar para emitir la denuncia. Muchos no cuentan con recursos para tal traslado”, puntualizó la ONG.
El AMO es un proyecto de explotación mineral que abarca unos 111.843,70 kilómetros cuadrados, lo que representa el 12,2% del territorio nacional. Quienes trabajan en las zonas mineras de Bolívar lo hacen bajo el dominio de bandas armadas. En algunos territorios son presuntos miembros de grupos irregulares o guerrillas quienes tienen el control, según han denunciado habitantes de pueblos colindantes con los yacimientos de oro.
“La producción prospera porque se alimenta de la minería ilegal, controlada por bandas armadas y grupos guerrilleros extranjeros que mantienen el dominio a base de enfrentamientos, castigos ejemplarizantes, y redes de explotación sexual”, agregó Codehciu. Detalló que durante los últimos años, las minas se han convertido en el medio de sustento de personas de todo el país, que a diario llegan a internarse en las enormes fosas de la selva para buscar un ingreso y sobrellevar la crisis económica.
Desde el segundo semestre de 2019, cuando Codehciu comenzó a llevar el registró de desapariciones en el contexto minero, ha documentado 175 reportes de personas desaparecidas al sur de Bolívar. “Las víctimas enfrentan un limbo jurídico: en el país no hay leyes para abordar los procesos de investigación, seguimiento y reparación de las víctimas del conflicto minero. Sus familiares están solos”, indicó.
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