Foto: Glorimar Fernández
El 8 de diciembre de 2018, los indígenas pemones capturaron a un efectivo militar que llegó al Parque Nacional Canaima como parte de una comisión enviada desde Caracas. La confesión del soldado, de acuerdo con el líder indígena Ricardo Delgado, reveló que el plan era masacrar a los mineros y, tras la denuncia, militarizar la zona.
Esa misma estrategia se ha repetido en otras zonas mineras ocupadas por los pemones, afirmó Delgado a El Pitazo. El último territorio sumado a la aplicación del plan es Ikabarú, donde se anuncia extraoficialmente que fueron asesinados ocho mineros, entre ellos un sargento retirado de la Guardia Nacional, quien se rebuscaba en las minas.
«Todo ha sido así: Guasipati, El Callao, Tumeremo, Canaima, Kumarakapay y faltaba Ikabarú. En el caso de Canaima, esa era la estrategia confesada por uno de los detenidos, lo que pasó es que no contaron que iban a ser descubiertos, presionamos y fue el martes 11 de noviembre de 2018 cuando Padrino López reconoció la operación militar”, puntualizó el indígena quien en la actualidad se encuentra exiliado en Brasil.
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Señaló que lo ocurrido en Ikabarú no es el primer incidente en el que algún grupo estatal o delincuencial trata de tomar el control de un sector minero, desplazando a los mineros locales.
Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2018, el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, el Cacique Comunitario de Canaima y el Consejo de Ancianos de Canaima publicaron un comunicado conjunto sobre asalto militar en el sector Arenal del Parque Nacional Canaima.
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“Desde 2017, desde Provea hemos acompañado las denuncias del pueblo pemón en lo que ha sido la incursión de grupos armados y de la militarización de sus territorios, lo que ha ocasionado la pérdida de sus formas organizativas y de convivencia pacífica ancestral, y cuyo ejercicio antropocultural de la minería indígena artesanal nunca había causado estragos a sus tierras ni muertes”, denunció la organización que promueve la defensa de los derechos humanos, en un comunicado emitido la tarde del sábado 23.
En el informe presentado por Provea sobre la situación en Ikabarú se detalló que los pistoleros pertenecían al sindicato de «el Ciego», una banda que controla la mafia del oro y que buscaban a un sujeto de nombre Cristóbal.
Los hombres armados, según la descripción de testigos entrevistados por Provea, vestían de negro. Llegaron frente a la bodega de una persona llamada Dani Tomedes y comenzaron a disparar. Eso ocurrió a las 7:30 pm del viernes.
La ONG, en el documento, confirmó la muerte del sargento de la Guardia Nacional Antonio Perera, quien estaba en proceso de retiro y se rebuscaba en las minas, además de indígenas de la comunidad Manakrü de nombres Edinson Ramón Soto y Jeremy Muñóz.
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La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) reveló el nombre de otro de los fallecidos en la balacera: Luis Alejandro Fernández Gómez de 32 años, quien, según esta organización, estaba reunido con varias personas y el grupo armado pasó y disparó a quemarropa.
No obstante, otras fuentes aseguran que existen cuatro cadáveres más que aún no han sido identificados.
Codehciu resaltó en un comunicado emitido horas después del asesinato múltiple en Ikabarú, que “el estado Bolívar sigue en manos de grupos armados irregulares (…) Denunciamos la presencia y margen de acción de estos grupos que aterrorizan y asesinan en comunidades con inacción del Estado”, publicó la organización en su cuenta en la red social Twitter, donde además exigió protección a las comunidades indígenas y mineras.
El vocero pemón Ricardo Delgado ratificó que se trata de un “modus operandi” de parte del régimen, recordando el asesinato del indígena Charly Peñaloza (21), ocurrido el pasado 8 de diciembre en la mina La Arenosa de Canaima, donde irrumpieron 40 sujetos identificados como agentes de la Dgcim.
Dijo que los funcionarios llegaron en cuatro aviones privados a Canaima, el comandante era un mayor de la Guardia Nacional, que fue uno de los que dirigió la masacre de El Junquito, donde murió Óscar Pérez.
De acuerdo con testimonios de nativos de la zona occidental de Canaima, los funcionarios compraron un paquete turístico y se hicieron pasar por visitantes para evitar ser descubiertos antes de ejecutar la operación.
El sábado 8 de diciembre salieron supuestamente al Salto Ángel, pero desviaron la ruta hacia La Arenosa, donde llegaron abriendo fuego contra los indígenas que permanecían en una zona del parque donde extraen oro. En la emboscada asesinaron a Peñaloza e hirieron a otros tres indígenas.
“Los indígenas reaccionaron y se defendieron, detuvieron a uno de los funcionarios. Este hombre confesó ante las autoridades del pueblo pemón que el plan era masacrar, salir de allí en helicóptero. Luego alguien denunciaba la masacre y entonces entraban a militarizar la zona y así tomaban el control”, explicó Delgado, quien fue uno de los líderes de la resistencia indígena de febrero que intentaron impedir el ingreso de los colectivos a la Gran Sabana.
En ese entonces, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, responsabilizó del hecho a supuestas mafias relacionadas con la oposición venezolana y dijo lamentar la muerte del Peñaloza.
Delgado pertenece a un grupo de indígenas, entre ellos caciques, que mantuvieron a la Gran Sabana a raya de mafias y violencia hasta el pasado mes de febrero cuando, durante los disturbios ocasionados por el fallido ingreso de ayuda humanitaria desde Brasil, se introdujeron grupos afectos al régimen tras asesinar a ocho personas –entre ellos cuatro indígenas- y dejar más de 50 heridos.
Quienes hoy se encuentran exiliados dirigían grupos como la policía indígena, que aplicaba severas sanciones bajo la ley de su pueblo a quien delinquiera en el municipio Gran Sabana y protegieron las áreas donde ejercían minería artesanal de mafias que actuaban bajo la figura de sindicatos y establecían prácticas similares a las del pranato dentro de las minas.
Los pemones también encabezaron una cruzada contra alrededor de 3.000 funcionarios del Ejército y Guardia Nacional que quisieron ingresar a la Gran Sabana el 22 de febrero, con la excusa de impedir el ingreso de ayuda humanitaria por Brasil.
Debido a la negación de los indígenas, los propios uniformados repitieron la acción de Canaima e irrumpieron abriendo fuego a la comunidad de Kumarakapay, que era uno de los centros de operaciones de pemones.
Un hombre uniformado se acercó con su FAL hasta Sobeida Rodríguez, una indígena que hacía empanadas y desde su puesto gritaba a los militares que cesaran el fuego y le propinó dos disparos a quemarropa. Con este deceso inició la matanza de otras siete personas.
En referencia a esta primera muerte, el canciller Jorge Arreaza declaró ante la ONU que la muerte de Sobeida se debió a conflictos de indígenas y fue causada por flechas. Pero en esa ocasión el equipo de El Pitazo tuvo acceso al ambulatorio donde estaba el cuerpo de la mujer y presenció la revisión médica que evidenció los dos balazos que atravesaron el corazón de la indígena que dejó cinco hijos huérfanos. Su esposo también murió en el ataque.
Durante estos sucesos, los de febrero de 2019, los indígenas de la etnia pemón detuvieron a un general y tres soldados, y no los soltaron hasta tener la garantía de que los asesinatos cesarían.
El ataque armado en Ikabarú configura el segundo hecho violento registrado en las comunidades indígenas de Bolívar durante 2019. Mientras tanto, las autoridades locales no ofrecen detalles precisos de la matanza.
El equipo de prensa de la gobernación difundió el sábado 23 de noviembre por la noche unas fotos donde se vio al mandatario regional reunido con nativos de la población indígena. Trascendió que llegó al lugar junto con un equipo del Ministerio Público.
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