Caracas.- El 29 de diciembre de 1960, el gobierno del entonces presidente Rómulo Betancourt fundó la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), situada en la ciudad homónima del estado Bolívar. La creación de esta dependencia presidencial fue el puntapié inicial para el desarrollo industrial y eléctrico de Venezuela. Dedicada a procesar recursos forestales, hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros minerales, hoy cuando se celebran sus 59 años de aniversario, la corporación se encuentra arrinconada por la desidia de la administración chavista.
Desde hace meses, el Sindicato de Empleados y Profesionales de la CVG, una corporación que incluye a las empresas Alcasa, Minerven, Sidor y Ferrominera, entre otras, ha denunciado que las instalaciones de la sede empresarial se encuentran deterioradas y con daños estructurales, como paredes agrietadas, cerámicas levantadas, así como otros problemas.
Asimismo, los trabajadores de la estatal guayanesa reclaman por el incumplimiento de pagos de pasivos laborales, al igual que la presunta discriminación de las autoridades en la cancelación de beneficios económicos. En la CVG Venalum, por ejemplo, solo 1.000 de los 5.600 trabajadores activos están ingresando a esta fábrica debido a un plan impuesto por el Gobierno ante los apagones que afectan al occidente del país.
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Los empleados también denunciaron que la producción de la fábrica del sector aluminio es cero y el Gobierno no está invirtiendo en la recuperación de la planta. En total, son 905 celdas apagadas en Venalum, cuya capacidad instalada es de 430.000 toneladas de aluminio.
El secretario de finanzas del Sindicato de Profesionales de Venalum, Ángel Brito, aseguró en octubre que se necesitan más de 400 millones de dólares para reactivar las celdas, pero la situación ha sido ignorada por el presidente de la empresa, Pedro Tellechea, según las denuncias de los trabajadores.
En la CVG Alcasa, el escenario es aún más crítico. El sindicalista de la compañía denunció que al menos cinco trabajadores del sector aluminio han fallecido en el transcurso de 2019 como consecuencia de la suspensión del beneficio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) por parte de la gerencia de las empresas básicas de Bolívar.
Ante los reclamos de los trabajadores, las detenciones se han convertido en un método para tratar de acallar las quejas, como el caso de Rubén González, líder sindical de CVG Ferrominera del Orinoco, quien fue detenido el pasado 29 de noviembre cuando regresaba al estado Bolívar, después de participar en protestas en Caracas.
La Corporación, integrada por 14 empresas y más de 20.000 empleados, representa uno de los principales pilares industriales del país, por lo que será clave para la recuperación económica en los próximos años.
