Bolívar.- La lucha de los indígenas pemones para que se conozca en el mundo la violencia a la que han sido sometidos este año en la Gran Sabana estuvo evidenciada en el informe que presentó este miércoles la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet.
«Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional, un indígena pemón y un adolescente», refirió la representante de la ONU.
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Destacó que con respecto a este caso el «Ministerio Público anunció la detención de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes serían miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la minería ilegal».
Está aseveración ya fue refutada tanto por indígenas como por pobladores de Ikabarú, quienes aseguran que los detenidos también eran mineros y que a la mayoría se los llevó la Dgcim y demás cuerpos de seguridad a declarar sobre el hecho, una vez en el comando policial les informaron que serían aprehendidos.
Los indígenas culpan a funcionarios del gobierno de estos hechos que fueron perpetrados para tomar posesión de las tierras.
«Mi oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco», precisó Bachelet.
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La Alta Comisionada señaló que varios habitantes de Ikabarú se desplazaron de sus tierras después de la masacre. «Mi oficina ha recibido información de que, con posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habrían huido del territorio por temor. Reconozco los esfuerzos de investigación realizados por el Ministerio Público y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona».
