Pasado un año de la tragedia, los familiares migraron hasta Trinidad y Tobago por temor a grupos armados en la zona. Foto: Melquiades Ávila
Tucupita. – El asesinato de las dos mujeres indígenas ocurrido hace 12 meses en las aguas del caño Mariusa del estado Delta Amacuro sigue impune. Las víctimas fueron impactadas por un arma de guerra accionada por un efectivo de la Guardia Nacional (GN). Las autoridades del Destacamento de Vigilancia Fluvial número 61 del estado Delta Amacuro identificaron a las fallecidas como Belkis Mendoza, de 23 años, con seis meses de embarazo, y Samaritana Mendoza, de 6 años.
A un año del doble homicidio, la población de Mariusa y los familiares de las víctimas claman justicia y exigen castigo para el o los culpables del crimen, ocurrido la tarde del 29 de abril de 2019, un hecho que además de enlutar al pueblo warao dejó a un hombre herido, identificado como Edgar Pérez, de 43 años de edad.
El testigo presencial del homicidio, Wilmer Pérez, aseguró a El Pitazo el jueves 30 de abril, que la tarde de la tragedia un grupo de waraos regresaba del río luego de recoger agua dulce para su comunidad. En su testimonio, Pérez reseñó que durante el tránsito a su caserío se encontró con una comisión de la Guardia Nacional que les dio la voz de alto y cuyo efectivo era conocido por el grupo.
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Después de que ocurrieron los hechos, las personas identificaron al militar por su apellido: López. Explicaron que en el momento del hecho le dijeron que quienes estaban en la zona era el grupo de waraos de Mariusa. “Yo levanté los brazos y le grité: López, somos nosotros, los waraos de Mariusa… En ese momento solo sentí el humo y la ráfaga, cuando me volteé todos estaban caídos”, narró Pérez.
Por el hecho, la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Delta Amacuro imputó con medida de privativa de libertad al cabo segundo de la GN David Alfonzo Flores, de 21 años de edad, por homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles; uso indebido de arma orgánica, trato cruel e inhumano y degradantes, fundamentados en el Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sin embargo, el 12 de agosto de 2019, la jueza Mary Marcano, a cargo del Tribunal Tercero de Control del estado Delta Amacuro, dictó libertad plena al homicida, lo que mantiene preocupados a los padres de las dos víctimas, al testigo y al hombre que resultó herido ese día.
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