Café con El Pitazo en Santa Inés el 26 de noviembre | Foto: Andrés Rodríguez
Caracas.- Los dueños de inmuebles están preocupados por el Plan Ubica tu Casa, una iniciativa, según la cual, se hace un llamado a los consejos comunales de detectar propiedades no habitadas para reubicar a familias sin vivienda.
La iniciativa causó conmoción, porque se registraron numerosos casos de personas que se acercaron a distintas comunidades que, haciéndose pasar por censores autorizados por el estado, tomaban nota y pegaban carteles en los hogares haciendo referencia a la disponibilidad de los mismos para ser adjudicados a otros núcleos familiares.
El número de denuncias no solo fue importante, sino que también llegó con amenazas de parte de estos grupos en muchas situaciones. El problema alcanzó tales proporciones que el ministro de Vivienda, Ildemaro Villaroel, tuvo que aclarar, en una alocución pública el 9 de octubre, que “no existe ningún plan ubica tu casa”.
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Sin embargo, poco tiempo después, funcionarios del Estado venezolano plantearon la idea de adelantar el censo de familia y el Censo Inmobiliario que corresponderían para 2021.
Precisamente de este tema trató el Café con El Pitazo del martes 26 de noviembre, realizado en la urbanización Santa Inés, en el municipio Baruta, del estado Miranda, un evento donde los vecinos de Baruta, El Pitazo y distintas organizaciones no gubernamentales debatieron sobre los mitos y realidades alrededor del Censo inmobiliario.
La abogada Yelitze Cortez, asistente legal de MiCondominio.com, comentó que el Censo Inmobiliario es un método de medición utilizado por el Estado para diseñar sus políticas públicas en un país y que se realiza en todo el mundo cada 10 años, por lo que es un deber ciudadano participar en él.
Sin embargo, “el gobierno hizo todo al revés en esta oportunidad, porque convocaron a un censo inmobiliario cuando lo primero que se debe hacer es un censo de población y vivienda a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)”.
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Cortez explicó que el censo es un instrumento legal de medición, pero lleva una serie de procesos previos para poder realizarlo. Empezando por la convocatoria meses antes, la aprobación pública del cuestionario censal y la convocatoria, elección, capacitación y acreditación de los censores ante el INE. En ningún caso, el Estado ha cumplido, en esta oportunidad, con el debido proceso, lo que implica vicios.
Cuando los vecinos hicieron eco de su preocupación respecto a la inclusión de personal militar como sensores, Cortez puntualizó que ese llamado es irregular, pues los sensores deben ser parte de la sociedad civil. La duda surge luego del anuncio de la gobernadora del estado Lara, Carmen Melendez, donde mostró el proceso de preparación de las milicias bolivarianas para llevar a cabo el censo.
Por su parte, Soledad Rodríguez, de Baruta en Movimiento, dio una serie de recomendaciones a los asistentes de este Café con El Pitazo. Puntualizó que la propiedad privada está amparada por el artículo 115 de la Constitución Nacional, y que su uso, disfrute, goce y utilización es personalísima, mientras no incumpla con ninguna otra ley o reglamentación.
Asimismo, destacó la importancia de solicitar que los censores se identifiquen, presentando no solo su cédula, sino sus credenciales del INE, y que estas puedan ser comprobadas, pues es el único ente autorizado para realizar este tipo de actividad en Venezuela.
“Si un censor se negase a identificarse, usted está en su derecho de no atenderle, y si realiza presión alguna o amenazas verbales o físicas, puede llamar a los cuerpos de seguridad para que le presten apoyo”, señaló Rodríguez.
Cuando el debate entró en calor, los vecinos de Santa Inés comenzaron a participar; el primero fue Enrique Sierra, que además es miembro de la ONG Caracas Ciudad Plural. Señaló que hay casos documentados muy delicados alrededor de Venezuela, donde personas han invadido propiedades privadas solo porque estas no tenían personas habitando en ellas.
Sin embargo, puntualizó la importancia de entender que no se está solo en esto, sino que uno forma parte de una comunidad inmediata, sus vecinos, pero además de comunidades más grandes, como las municipales y hasta estadales.
En la misma línea de ideas, Christian Rivas, vecino de El Naranjal, comentó que es importante organizarse en cada comunidad, en especial porque hay algunas zonas que son más propensas que otras a ser objeto de este tipo de actos invasivos.
“Es importante identificar a esas personas que pueden ser mis aliados para contrarrestar, inteligentemente, una posible invasión”, comentó. “Además, es importante que nos organicemos entre todos para defender nuestros derechos. ¿Conoces a alguien de tu zona que dejó su vivienda por emigrar? Llámalo y dile para ayudarle a cortar la grama o hacer pequeñas cosas que den una aparente habitabilidad a la casa, o hasta recomiéndale que contacte a un amigo o familiar que cada cierto tiempo se quede ahí”.
La organización vecinal es vital para el buen funcionamiento de una comunidad, en especial en casos como estos, donde personas malintencionadas se aprovechan de la desinformación para abusar y cometer atropellos contra otras.
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