Caracas.- Con bombas lacrimógenas y cohetones, líderes sindicales que apoyan a Bernabé Gutiérrez, presidente ad hoc del partido Acción Democrática (AD), atacaron este lunes 10 de agosto a los seguidores del parlamentario Henry Ramos Allup en la sede de esta organización ubicada en la Florida, Distrito Capital.
Los simpatizantes de Gutiérrez colocaron una cadena en la reja para impedir que la abrieran, mientras que seguidores de Ramos Allup exigen que se les devuelva la sede de la organización. Forcejearon con la reja, y la respuesta de quienes tomaron las instalaciones fue lanzar cohetones y bombas lacrimógenas.
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En un video fue registrado el momento exacto en el que fue lanzada una bomba lacrimógena desde el interior de la sede de Acción Democrática.
Esta situación se produce luego de que el domingo 9 de agosto el secretario general de la tolda blanca denunciara que grupos armados apoyados por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) asaltaron dos sede de la organización ubicadas en Caracas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) también alertó sobre esta situación irregular en la Florida e informó que los periodistas que se encontraban a la espera del diputado Carlos Prosperi para cubrir una rueda de prensa también fueron agredidos por quienes tomaron las instalaciones de la sede de AD.
«El retraso en la convocatoria, prevista a las 8:00 am, puso en riesgo a la prensa. Además de [ser] irrespetuoso e irresponsable el incumplimiento de la hora por parte del vocero. Hora y media después, aún esperando, los periodistas y trabajadores de la prensa fueron emboscados. Esto, además de un riesgo en la seguridad, es también un riesgo en medio de la pandemia», dice un tuit publicado por el Sindicato este lunes.
Gutiérrez fue nombrado presidente ad hoc por el Tribunal Supremo de Justicia el 15 de junio a través de una sentencia en que se suspende a la directiva nacional del partido opositor, sustituyéndola por una junta ad hoc.
Tanto Ramos Allup como la oposición venezolana han rechazado este proceder y han asegurado en diferentes ocasiones que esa es una manera de que el Gobierno se apodere de los símbolos y tarjetas de los partidos opositores para ganar unas elecciones parlamentarias «fraudulentas».
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