Caracas.- Durante la primera semana de septiembre, El Pitazo registró ocho protestas solo en la capital venezolana. De esas, cinco fueron manifestaciones de trabajadores públicos que exigieron evaluación de los salarios, mejoras de las condiciones laborales, libertad política y cambios en el tren ministerial.
El 2 de septiembre, la Asociación Nacional de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del Ministerio Público se concentró frente al organismo, en el municipio Libertador, para exigir una reunión con Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un año de la suspensión de los bonos de alimentación y salud y recreación. Iris Montezuma, presidenta de la organización, precisó que, solo en Caracas, hay 1.500 extrabajadores afectados por la falta de respuesta del Estado.
Ese lunes también protestaron enfermeras y enfermeros, luego de 15 meses desde que comenzaron a tomar las calles para exigir aumentos salariales acordes a la canasta alimentaria y los gastos que implican los uniformes requeridos para su labor. Lejos de acuerdos con las autoridades, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, anunció que el gremio acordó convocar una serie de paros escalonados a partir del miércoles 4 de septiembre, aunque, al finalizar la semana, no se había concretado nada.
Trabajadores y pacientes del Instituto de Oncología Dr. Luis Razetti exigieron la renuncia de la directiva del centro médico por malos tratos y negligencia. El martes 3 de agosto, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), acompañó la protesta, en la que el personal expresó sus quejas por las irregularidades en el suministro de materiales que ha ocasionado el cierre parcial de varias áreas del hospital por tiempo indefinido.
A propósito del Día del Empleado Público, el 4 de septiembre sindicalistas de diferentes gremios se reunieron afuera de la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, en la parroquia Altagracia, para exigir la renuncia del tren ministerial de Nicolás Maduro. Trabajadores de los sectores de educación y salud, pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss), obreros del Metro de Caracas, empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), personal administrativo de alcaldías del Área Metropolitana de Caracas y miembros de la sociedad civil manifestaron la necesidad de un ajuste salarial, garantías de trabajo y libertad política. La concentración fue rodeada por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, nuevamente, no hubo respuesta de ninguna autoridad.
En el Hospital Vargas, el presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del hospital Vargas, Carlos Prosperi, denunció que 70% de los trabajadores de la salud tienen algún grado de desnutrición debido a los bajos sueldos y la pérdida del poder adquisitivo del salario. Añadió que los trabajadores de la salud y la educación son los peor pagados del sector público.
La falta de agua se agudiza. Desde los apagones masivos que comenzaron el 7 de marzo de este año, la escasez del líquido arreció y muchas familias caraqueñas se han visto obligadas a acarrear agua desde tomas improvisadas a lo largo de la ciudad o a comprarla cada día para poder hidratarse y mantener limpias las casas.
El lunes 2 de septiembre, habitantes del municipio Baruta trancaron uno de los canales de la avenida principal de El Cafetal para exigirle a Hidrocapital garantizar el suministro de agua todos los días y a toda hora. “Nunca ha habido un cronograma; uno sospecha que el agua viene y sabemos que en teoría es así. Pero todo es difícil: lavar la ropa, hacer cualquier limpieza. El camión hace dos semanas atrás cobró 200 dólares para llenar el tanque de un edificio de 20 apartamentos donde solo siete están habitados”, contó Daniel Peña, vecino de la zona.
Las fallas eléctricas son la razón de la deficiencia del servicio del agua que alegan los operadores y técnicos de la compañía hidrológica. Luego de nueve días sin agua, habitantes de las 40 urbanizaciones que componen el municipio El Hatillo reportaron la falla y un grupo de voceros se presentó frente a la sede de la estatal ubicada en Chuao el martes 3 de septiembre. Fueron recibidos por un ingeniero, quien aseguró que las operaciones no se han podido reiniciar completamente por problemas con el sistema eléctrico.
Desde las tres de la mañana del viernes 5 de septiembre, vecinos de la zona alta de Las Minas de Baruta tomaron la calle en protesta porla falta de agua. Los afectados levantaron la manifestación cerca de las diez, luego de que una comisión de Hidrocapital se acercara. “Desde hace cinco años tenemos problemas con el servicio del agua en esta zona. Nos hemos comunicado directamente con el ingeniero encargado y no nos da una respuesta efectiva”, dijo Sandra Mejías, vecina de la zona. Esta vez, los cortes de energía eléctrica fueron la excusa.
Ese día en la tarde, familias del sector SantaRosa de la parroquia El Recreo ocuparon un lado de la avenida Andrés Bello y denunciaron tener 15 días comprando y acarreando agua. Mireya Amaya, de 65 años, asegura que cada tres días recarga agua filtrada en cuatro botellas de cinco litros y un botellón de 18, lo que implica un gasto semanal, hasta la fecha, de 69.000 bolívares, o sea casi dos salarios mensuales.
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