La propuesta presentada por el gobernador Rodríguez plantea que se transfieran a las comunas los recursos de las multas establecidas por la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana de Miranda l Foto: Archivo
Miranda.- La consulta popular que se llevará a cabo en el estado Miranda este domingo primero de diciembre para la aprobación o no de la transferencia de competencias a las comunas es considerada por sectores adversos al gobierno como un experimento para imponer a la fuerza un Estado comunal.
“El chavismo quiere terminar de instaurar en Venezuela el mismo modelo político de Cuba, lo que evidentemente limitará cada vez más la posibilidad de que los ciudadanos vivan en democracia», sentenció el presidente de FundaOcumare, Jean Carlos Rodríguez.
Rodríguez recordó que esta propuesta fue derrotada electoralmente en el año 2007 cuando la presentó el difunto Hugo Chávez. “En Miranda existen innumerables problemas y su solución debería ser la prioridad de quienes gobiernan, pero para ellos lo importante es eternizarse en el poder, dominar a la población y vivir como reyes, porque son indolentes ante las necesidades y penurias de los ciudadanos”, indicó.
El dirigente regional de Primero Justicia (PJ) en Miranda, Roger Delgado, también cuestionó la consulta del 1D y aseguró que se trata de “un show que se está montando para intentar ocultar la incapacidad de Héctor Rodríguez”.
“En dos años de gestión, Rodríguez no ha hecho nada por Miranda y ha permitido el deterioro de lo que ya se había logrado. Su gestión ha significado un retraso para esta entidad”, aseguró.
La consulta popular del primero de diciembre está siendo organizada por la gobernación, Fundacomunal y el Consejo Nacional Electoral. Para la misma estarán habilitados un total de 824 centros electorales en la región mirandina y podrán participar todos los mayores de 15 años, residentes de las 295 comunas de Miranda.
La propuesta plantea que se transfieran a las comunas los recursos de las multas establecidas por la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana de Miranda (Ley de Convivencia), las cuales actualmente reciben los funcionarios de la Policía del estado Miranda y cuerpos de seguridad del estado.
Los montos de las multas contempladas en la Ley de Convivencia oscilan entre 700 y 6.500 unidades tributarias. De aprobarse la propuesta, se hará un reglamento para establecer el procedimiento de transferencia de fondos. Los mismos se depositarán en el Banco Comunal de cada comuna.
A juicio del gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, esta consulta permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes “pues las mismas comunas administrarán los recursos para resolver sus problemas de transporte, gas, luz, agua, entre otros, y con ello se profundiza la democracia participativa y protagónica”.
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