La organización no gubernamental Foro Penal ofreció un balance de los presos políticos recordando que, hasta la fecha, contabilizan 370 personas presas por motivos políticos. De ese universo, alertan que más de 50 están en condiciones graves de salud.
Alfredo Romero, director de la ONG, señaló que han intentado solicitar ayuda a la Cruz Roja, entendiendo que esta organización internacional ha podido ingresar a algunas cárceles, pero no han obtenido respuestas.
Según la ONG, de esos 370 presos políticos, 346 son hombres y 24 mujeres. Además, 243 son civiles y 127 militares y 368 son adultos y 2 son adolescentes.
Romero sostiene que el número de presos por razones políticas ha aumentado. Cuando se otorgaron los indultos que beneficiaron a 53 presos, el número bajó a 333, sin embargo, dos meses y medio después, el número se ubica en 370. Es lo que desde Foro Penal han llamado “puerta giratoria”.
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También recuerda Romero que en Venezuela más de 15 mil personas han pasado por cárceles por motivaciones políticas.
Insistió en que se mantiene la incomunicación de los detenidos, aunque informó que la semana pasada se volvió a permitir la visita de los abogados, desde marzo cuando fueron suspendidas.
CPI, un camino muy largo
Un tweet de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, señalando que había motivos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes que son competencia de la Corte, reavivó el debate sobre lo que ocurre en esa instancia.
Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, explicó que ante la CPI existen dos causas de Venezuela actualmente.
Una, denominada “Venezuela I”, tiene que ver con los asesinados durante las protestas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas que pueden considerarse delitos de lesa humanidad y que, en principio, van desde el 2017 sin que quede descartado que se pueda ir más atrás.
La otra causa denominada “Venezuela II” se trata de una solicitud que hizo el gobierno de Maduro para investigar los supuestos daños causados por las sanciones.
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Himiob también explicó que el examen preliminar consta de cuatro fases: una de evaluación; una de determinación de la competencia, que es donde está Venezuela ahorita; la fase de admisibilidad y la última fase que es la de examinar el interés de la justicia de la Corte.
En este momento, por la declaración de la fiscal, explica Himiob, se entiende que se cierra la fase dos y se inicia la fase tres. Sin embargo, aclaró, que hasta ahora no hay caso abierto a Venezuela.
También explicó que la declaración, aunque fue pública, debe ser presentada en un informe que se espera ocurra en diciembre.
“Es un error criticar a la fiscalía de la CPI. Investigar generalmente se tarda entre 4 y 5 años en exámenes preliminares. No hay plazos establecidos para investigar y la fiscalía, en el caso de Venezuela, ha actuado en la mitad del tiempo”, dijo Himiob que además tiene confianza en que la investigación seguirá avanzando
