El director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, informó que hay unos 65.000 privados de libertad en los calabozos policiales de todo el país que se enfrentan a condiciones insalubres ante la pandemia del COVID-19.
Según la ONG hasta este viernes 28 de agosto, al menos 85 privados de libertad han dado positivo al COVID-19: Lara (2), Miranda (5), Barinas (5), Táchira (9), Nueva Esparta (64), un fallecido de Sucre.
Resaltan que la mayoría de los centros de detención preventiva no cuenta con el servicio de agua potable por tubería. Uno de los casos más graves se vive en Aragua, pues desde enero de 2020 hay fallas en este servicio.
Una Ventana a la Libertad destacó que en algunos calabozos policiales se combina el hacinamiento y la falta de servicios públicos como el agua y baños en buen estado. Algunos reclusos deben hacer sus necesidades en una bolsa y luego botarla en la basura.
La investigadora Magally Huggins sostiene que el hacinamiento de 90,8% que hay en los centros de detención preventiva incrementa el riesgo de contagio del coronavirus de los 65.000 hombres que están allí encerrados.
Explica que la capacidad disponible de los calabozos policiales en el país es para 7.191 detenidos, pero los policías ante el gran tiempo de permanencia de los privados han tenido que reubicarlos en oficinas, cuartos no aptos, entre otros espacios.
«Solo 14 centros de detención preventiva tienen disponibilidad de personal médico para atender a los privados enfermos«, detalló.
Sobre las mascarillas, pocos familiares han podido adquirir algunas para hacérselas llegar a los detenidos. La dificultad se presenta, según Huggins, cuando han tenido solo la posibilidad de comprar desechables y no tienen el dinero para reponerlas.
Una Ventana a la Libertad detalla que en el primer semestre de 2020 se registraron 54 reclusos muertos por violencia en calabozos policiales: tortura (17), heridos por perdigones (16), riñas (10), motines, (6), heridos por fusiles (3), violación (1) y traumatismo por caída (1). Sin embargo, la mayor parte de los fallecidos (118) fue por enfermedades.
Magaly Huggins informó que 245 calabozos policiales suspendieron las visitas luego del anuncio de los dos primeros casos de COVID-19 el 13 de marzo. Pero, asegura, no se tomaron medidas complementarias a fin de evitar el alto costo de la decisión como alimentación, salud: los familiares son quienes asisten a los reclusos.
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