Cúpira | Familiares de la maestra Liliana Ortega la despidieron exigiendo justicia

Cúpira.- Entre el dolor por su repentina e inesperada partida y las exigencias de justicia ante su asesinato, familiares y allegados de la maestra Liliana Ortega Rangel la acompañaron hasta su última morada, en el Cementerio Municipal de Cúpira, estado Miranda, el viernes 18 de septiembre.

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La docente fue asesinada el martes 15 de septiembre, a las 9:30 pm, cuando se desplazaba en una patrulla policial en la que le dieron la cola, que fue emboscada y acribillada en la Troncal 12 de Barlovento, en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho (GMA), entre los distribuidores Las Lapas y Los Velásquez, a la altura del caserío Mazapa.

En la patrulla de la Policía Municipal de Pedro Gual también se desplazaban tres personas más. El funcionario que conducía el vehículo oficial recibió dos tiros, el privado de libertad que trasladaban presentó un disparo y el otro oficial de la policía resultó ileso. Sin embargo, a la maestra, su hermano que reconoció el cuerpo en la morgue de Caucagua, le contó, al menos seis disparos. Uno de ellos de gran tamaño, presuntamente de un arma de guerra.

«A mi hermana la acribillaron y a los demás no. Tenía heridas de bala en un brazo, las piernas, la barriga y la cabeza. Allí hay algo que no está claro y pedimos que se investigue. Muchos funcionarios nos han indicado que a mi hermana la usaron como escudo y estamos convencidos de que es así. ¿Por qué mi hermana recibió tantos disparos y los demás no? Ellos no debieron permitir llevar a una persona civil. Si no la hubiesen obligado a incorporarse a las clases, ella estaría viva», explicó a El Pitazo uno de los hermanos de la víctima.

Otros de sus familiares también manifestaron su dolor y pidieron que se realice una investigación exhaustiva sobre este hecho que enluta a una familia y a una institución educativa de la Gobernación del estado Miranda.

«Pedimos justicia, porque no está del todo claro lo que pasó con Liliana. Exigimos que se tome el lugar donde ocurrió la masacre. No es posible que los delincuentes tengan armas de guerra. Queremos denunciar a las organizaciones que llevan casos de víctimas que nos apoyen legalmente y nos orienten en la investigación de este caso, nosotros somos una familia humilde de bajos recursos y para movernos sin saber a dónde acudir se requiere mucho dinero en estos tiempos», exclamó un pariente que no quiso identificarse.

La cola la ordenó la autoridad de Educación de Pedro Gual

La maestra Liliana Ortega Rangel llevaba varios días en el eje Guarenas-Guatire, haciendo diligencias personales. En días consecutivos, había recibido varias llamadas telefónicas de la directora de la Escuela Estadal Rural San Antonio, en Cúpira, donde trabajaba desde hacía 10 años.

«La autoridad de Educación de la Alcaldía del municipio Pedro Gual fue quien contactó a los policías y les ordenaron que le dieran la cola a Liliana. Ella quiso evitarse problemas con los jefes y por eso accedió, pero los policías no debieron permitir algo así, porque las patrullas no son para eso. Si ellos hubiesen hecho cumplir la ley, Liliana estaría viva con nosotros», dijo otro de sus dolientes.

Sus familiares y compañeros de trabajo coincidieron en indicar que ella estaba dudando en incorporarse a su trabajo docente, debido a los bajos sueldos del gremio de la educación.

Los gastos

Los familiares de la maestra Liliana aprovecharon la oportunidad para denunciar que el alcalde del municipio Pedro Gual, Elbert Vivas, se había comprometido a correr con los gastos adicionales a los gastos del seguro.

«Ella tenía un seguro que cubría 100 dólares. El alcalde se ofreció a cubrir el resto de los gastos. Pero lamentablemente no fue así. La funeraria nos estaba cobrando 175 dólares para trasladar el cuerpo desde la morgue de Caucagua hasta Cúpira. Nosotros somos de bajos recursos. Llamamos al alcalde y no nos atendió, le mandamos mensaje de que íbamos a trancar la calle y a hacer una protesta y enseguida se realizó el traslado, sin que nos volvieran a mencionar ningún pago, pero con una mala intención», indicaron.

Agregaron: «la pusieron en una urna de tablas improvisada, de una madera rústica, sin un servicio funerario digno para un ser humano. Ella no merecía ser velada así. Estamos viviendo en una situación de miseria y humillaciones».

Los familiares, amigos y conocidos de la maestra debieron cavar en la tierra, ellos mismos, para abrir la fosa en la que fue enterrado el cuerpo de Liliana Ortega Rangel, en el Cementerio Municipal de Cúpira. Ellos también tuvieron que comprar el cemento y los bloques, y preparar la mezcla para cerrar la bóveda, tras darle cristiana sepultura.

«En este país se perdió todo, el respeto por la dignidad y por el dolor ajeno de una familia que pierde a uno de sus miembros por la negligencia de las autoridades del gobierno del municipio Pedro Gual. Ellos fueron quienes le exigieron que se viniera en una patrulla. Ellos fueron los que después se hicieron los locos. Para ellos pedimos a Dios que se encargue de hacer justicia», finalizaron los dolientes.