Los miembros del CNP exigen se respete el trabajo de los profesionales de la información | Foto: Archivo-Referencial
Caracas.-El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), para este 31 de julio, ya registra un total de 35 agresiones a periodistas durante el ejercicio de su labor en la cobertura de la pandemia por el COVID-19 en Venezuela.
De la lista de agresiones 34 ocurrieron durante los primeros 15 días de cuarentena decretada por el gobernante Nicolás Maduro. De esta cifra general un total de 11 fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado; este 31 de julio se le sumó un caso más: el del fotógrafo del Correo del Caroní William Urdaneta, quien fue detenido por la Dgcim.
Silenciar el derecho a la información
El secretario general del ente gremial, Edgar Cárdenas, dijo el pasado mes de abril que las agresiones a periodistas y el hostigamiento a los medios representan las pretensiones del gobierno por silenciar los derechos a la libertad de expresión e información.
En el documento elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas; se registraron, solo durante los primeros 15 días de la cuarentena, 11 detenciones arbitrarias, 5 casos de hostigamiento, 3 de intimidación, 3 amenazas, 1 caso de retención y destrucción de credencial periodística, 10 denuncias de impedimento de circulación de periodistas mientras efectuaban cobertura, 1 caso de borrado de material grabado y dos medios impresos que dejaron de circular por la imposibilidad de distribuir el periódico por la escasez de gasolina.
El balance de detenciones arbitrarias de periodistas, destacan los casos de Darvinson Rojas y Beatriz Rodríguez. La vivienda de Rojas fue allanada por funcionarios de la FAES el pasado sábado 21 de marzo, siendo trasladado junto a sus padres a la sede del organismo policial en la urbanización La Quebradita, en el oeste de Caracas.
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Cerca de la media noche del mismo día fueron liberados los progenitores de Rojas, quienes el domingo 22 se dirigieron de nuevo al cuerpo de seguridad donde se les informó el periodista no se encontraba allí. Sus familiares tuvieron que dirigirse a distintos lugares de la ciudad, hasta que lo localizaron en Caricuao.
Posteriormente, fue presentado ante tribunales de forma clandestina e imputado por delitos de instigación al odio e instigación pública, sin permitirle nombrar a los abogados para su defensa, asignándoles entonces una defensora pública. Fueron dictadas medidas cautelares, se le solicitaron fiadores y otros recaudos para su liberación siendo excarcelado este 2 de marzo.
En el caso de la directora del diario La Verdad, Beatriz Rodríguez, esta fue sacada de su vivienda en Catia La Mar y llevada a declarar ante la Fiscalía, luego que el medio publicó sobre un caso de coronavirus en Vargas. Fue citada nuevamente a declarar el 25 de marzo, siendo liberada, aunque se abrió una investigación contra el medio.
Para Cárdenas es muy grave que el gobierno presidido por Maduro, se aproveche del estado de emergencia producto de la pandemia por Coronavirus, para atentar contra un valor de la democracia como es el derecho a la información.
Asimismo, dijo que El CNP Caracas, desde el año pasado, ha venido denunciado que la agresión a periodistas se ha ido convirtiendo en una política de Estado, que busca silenciar a la prensa libre sobre lo que acontece en Venezuela.
Dentro de las normas que rigen el Estado de Emergencia, las autoridades deben permitir la libre circulación de la prensa, de los servicios de salud y las cadenas de alimentos. Sin embargo, funcionarios policiales han intentado evitar la movilización de los comunicadores sociales para que estos no cumplan con la labor de informar.
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El dirigente gremial aseguró que el periodismo es un servicio público y la información es un derecho humano intangible que en estados de emergencia no se puede limitar. Destacó que el artículo 337 de la Constitución Nacional, instaura a la información como un derecho humano intangible.
En la coyuntura actual, producto de la pandemia Covid-19, el periodista y los medios de comunicación social tienen la obligación de cumplir fielmente, sin censura, con este mandato, sin pretender tratamiento especulativo de la noticia, ni ningún provecho partidista o personal, sino el de informar
«En estos momentos de angustia que vivimos los venezolanos el periodista está claro que sus funciones son las de ser orientadores, con informaciones ciertas, oportunas, pertinentes, adecuadas, apropiadas, de manera que el pueblo pueda estar debidamente informado y orientado, por lo que estamos obligados a cumplir con lo señalado por nuestro Código de Ética en su artículo 6.
El hecho más reciente de agresiones a periodistas ocurrió este viernes 31 de julio cuando el reportero gráfico del Correo del Caroní, William Urdaneta, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando cubría una pauta periodística relacionada con la estricta cuarentena que se aplica en el estado Bolívar por los casos de COVID-19.
Urdaneta fue llevado por los funcionarios con rumbo desconocido. Transcurrida una hora fue dejado en libertad pero los militares le robaron su celular y la memoria de su cámara fotográfica.
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