Imagen utilizada para el plan Ubica tu casa, negado por el gobierno de Maduro y señalado como un plan para generar zozobra en la población | Foto: Cortesía
Caracas.- En Venezuela vuelve a escucharse de las temibles invasiones por parte de civiles que aprovechan la situación de algunas propiedades durante la cuarentena preventiva del COVID-19 para ocupar un espacio privado.
El 14 de junio, ocurrió en el edificio General Páez, ubicado en el centro de Caracas, cuando un grupo de personas trató de invadir, sin embargo, los propietarios actuaron con rapidez, hicieron la denuncia y nombraron a un vocero para que haga enlace con la Alcaldía de Caracas, dirigida por Érika Farías, pues advierten que esta acción forma parte de un «proyecto de ocupación» dirigido por el ente.
Casi un mes antes, el 17 de mayo, las redes sociales sirvieron para dar a conocer la intención de personas pertenecientes al Movimiento Ezequiel Zamora de invadir el edificio Domus, ubicado en la avenida Victoria de Caracas, este grupo logró ingresar al lugar, cambiar las cerraduras e instalarse, sin embargo, los propietarios acudieron y luego de cinco días de conversaciones, lograron desalojarlos.
Durante el programa número 360 de Aló Presidente, el ahora fallecido Hugo Chávez, estuvo de acuerdo con la propuesta hecha por un trabajador de Lácteos Los Andes sobre expropiaciones «sin indemnización para los que conspiran contra el proceso revolucionario», no obstante, negó que el Estado tuviese intención de tomar por completo el control de la economía venezolana.
Luego, en octubre de 2010, Chávez aseveró que «el socialismo no niega la propiedad privada» y señaló que «no toda propiedad privada es condenable; la propiedad privada es perversa cuando degenera en la acumulación egoísta».
En septiembre de 2019, Nicolás Maduro y el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, anunciaron la puesta en marcha del XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico, al tiempo que explicaron que contaba con dos fases: el levantamiento de información inmobiliaria y posteriormente el empadronamiento familiar.
Señaló en ese entonces que en la primera etapa se haría un conteo por parte de la Milicia Bolivariana, los consejos comunales y las brigadas UBCH, Psuv y Somos Venezuela, de los inmuebles existentes en el país, bien sean hogares, comercios o locales, a los cuales se les colocará una etiqueta con un código QR que c toda la información.
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La desinformación incentivó a la población a temer por la seguridad de sus viviendas, especialmente los migrantes, quienes están residenciados en otros países y conservan sus propiedades en Venezuela. Las autoridades explicaron que el censo solo tendría la dirección de contacto.
Un rumor empezó a esparcirse también en septiembre de 2019, se trataba del plan Ubica tu casa, que constaba supuestamente de ubicar las casas que estuviesen desocupadas e invadirlas.
Uno de los primeros casos conocidos entonces fue el ocurrido en la avenida Victoria, cuando desconocidos, acompañados con funcionarios policiales irrumpieron de manera violenta con la intención de adueñarse de un departamento. Esto acrecentó la zozobra entre los ciudadanos propietarios de casas y bienes comerciales, tal como lo reseñó Crónica Uno.
Sin embargo, los dirigentes del chavismo aseguraron que dicha información pertenecía a una campaña de miedo, para generar zozobra en la población.
En la Constitución actual, la propiedad privada está protegida constitucionalmente en diversos artículos:
El artículo 115 asegura el derecho de propiedad, sin embargo aclara que esta «estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la Ley con fines de utilidad pública o de interés general» y solo podrá ser expropiada bajo «justa indemnización» y «por causa de interés social».
El artículo 112, llama al Estado a promover la iniciativa privada, y alega que «todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que la previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes».
El artículo 309 expresa que un deber del Estado es proteger y promover la pequeña y mediana industria y microempresas así como las empresas de trabajo asociado o comunitario bajo régimen de propiedad colectiva como las cooperativas, mutuales, cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, entre otras.
Estas empresas de trabajo asociado también están protegidas por los artículos 70, 118 y 184 de la Constitución.
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