La subdirectora interina de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch ofreció detalles acerca de las fallas en la atención y en el funcionamiento de los Punto de Atención Social Integral (Pasi). En esta entrevista con El Pitazo se refirió a las condiciones de hacinamiento en estos recintos que deberían funcionar como centros de prevención de contagios del coronavirus, pero que, a su juicio, en la práctica operan como lugares de privación de la libertad y del derecho a la salud
Entrevista: César Batiz | Redacción: Jesús Barreto A.
Con más de 10 años dedicada al seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, Tamara Taraciuk conoce a profundidad las idas y venidas del colapso venezolano. A la subdirectora interina de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch le ha tocado indagar desde distintos papeles sobre las causas, pero sobre todo las consecuencias de la crisis económica, sanitaria, política e institucional que atraviesa el país.
Como investigadora de campo, planificadora y analista, ha medido el impacto del deterioro del acceso a los derechos para millones de sus connacionales. Pese a poseer la nacionalidad venezolana, Taraciuk, abogada egresada de la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina, asume desde la distancia el más cercano de los trabajos de registro y acompañamiento para los migrantes. Su compromiso actual es contar más allá de las estadísticas, las historias de los protagonistas del desahucio financiero.
Nosotros hemos entrevistado gente que dura en estos centros desde semanas hasta 2 meses
Tamara Taraciuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch
La activista de derechos humanos cuenta en esta entrevista con El Pitazo, los hallazgos del más reciente informe de la ONG acerca de abusos contra retornados. Según el documento, la denominación con la que se describe a los venezolanos que regresaron a su país en medio de la pandemia del nuevo coronavirus es un nuevo signo del maltrato sistemático del Estado contra la población.
En específico, el compilado con datos recabados en tres meses de entrevistas, es un acercamiento a las condiciones de insalubridad detectadas en centros de aislamiento preventivo. La indagación concluye que, por factores como el hacinamiento, la escasez de agua y la deficiencia de los protocolos de salud, los llamados Punto de Atención Social Integral (Pasi) fungen como centros privación ilegítima de la libertad. Además, advierte que pueden convertirse en un medio de propagación del COVID-19, ahora que los retornados emprendieron, de nuevo, el viaje fuera de Venezuela.
En los Pasi no se pueden cumplir las normas básicas de la prevención y esto se transforma en un caldo de cultivo para el contagio del coronavirus
Tamara Taraciuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch
–En el informe se recabaron una serie de relatos, entre todo lo documentado ¿cuál fue el hallazgo de Human Rights Watch acerca del trato recibido por los venezolanos retornados al país?
–Nosotros encontramos dos grandes problemas con relación a la situación de los más de 130.000 retornados que hay en Venezuela hoy, uno tiene que ver con la bienvenida hostil que reciben por parte de las autoridades. Lo hemos visto en televisión, desde Nicolás Maduro para abajo, cuando los llaman bioterroristas o armas biológicas. Dentro de los Pasi, que son estos centros donde los reciben, encontramos que a los retornados los han amenazado con detención por cuestionar las condiciones en las que viven, este tipo de bienvenida hostil es extremadamente preocupante. Pero tal vez lo más preocupante es lo que encontramos en materia de derecho a la salud y salud pública, porque lo que vemos es una combinación. Por un lado, se les aplica un protocolo de testeo que se basa en su gran mayoría en lo que se llaman test rápidos, que pueden arrojar negativo y luego las personas son enviadas a estos centros de cuarentena donde hay hacinamiento. En muchos de ellos hay condiciones insalubres, entonces tenemos una combinación que resulta explosiva.
–¿Qué encontraron en estos centros de aislamiento preventivo?
–En los Pasi no se pueden cumplir las normas básicas de la prevención y esto se transforma en un caldo de cultivo para el contagio del coronavirus. Otro punto complicado que encontramos es que la Organización Mundial de la Salud establece que las cuarentenas tienen que ser de 14 días. Nosotros hemos entrevistado a gente que dura en estos centros desde semanas hasta 2 meses. Cuando no hay ninguna razón para mantener a alguien, un paciente asintomático, por más de 14 días y se permanece durante este tiempo, nosotros consideramos que eso se transforma en una detención arbitraria.
Los meten en un lugar hacinados a un sitio donde el distanciamiento social es imposible
Tamara Taraciuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch
–Este trabajo es parte de la alianza de Human Rights Watch con los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins ¿cómo realizaron la recolección de datos?
–Esta investigación en particular duró unos tres meses. Empezamos más o menos en junio, logramos realizar más de 70 entrevistas; alrededor de 20 entrevistas a retornados y después entrevistamos a actores humanitarios, autoridades del lado colombiano de la frontera, a distintas personas que tenían conocimiento de lo que ocurría. También revisamos los protocolos médicos del Ministerio de Salud venezolano. Por eso también es tan importante esta combinación de experiencias, porque nosotros traemos a la mesa el análisis de derechos humanos y los compañeros de Johns Hopkins traen a la mesa un análisis de salud pública y asuntos humanitarios. Eso de alguna manera fortalece mucho las conclusiones que tienen ese doble análisis.
–¿Qué es el Proceso de Quito que ustedes mencionan como una de las medidas urgentes para la atención de migrantes en su informe?
–El Proceso de Quito se creó por gobiernos de Latinoamérica en el 2018 para responder de manera coordinada al éxodo o migración venezolana. Como se ha documentado, estamos hablando de más de 5 millones de personas, casi 20% de la población venezolana, esto es el mayor éxodo de toda la región en la historia. Eso generó esta respuesta extraordinaria del Proceso de Quito, que convocó una serie de reuniones, que están un poco paralizada y ahora se está encausando en estas reuniones periódicas.
–¿Cree usted que pueda salir de allí una decisión que pueda ser atendida por el gobierno de Nicolás Maduro? Hemos visto estos antecedentes de la Misión de la ONU, de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet y la reacción del Gobierno de Maduro ha sido prácticamente ignorar todo lo que se le ha dicho.
–En el tema humanitario si hemos visto que, ante la necesidad y la desesperación, sobre todo los últimos meses en el marco de la pandemia, ha habido un mayor acceso de asistencia humanitaria y de posibilidad los actores humanitarios de trabajar, es una buena noticia. Cuando hablamos de un informe que documenta crímenes de lesa humanidad que documenta torturas y detenciones arbitrarias es mucho más complicado que exista apertura de los propios perpetradores a que se haga justicia. Pero en ambos casos, creo que la presión es importante. El grupo del Proceso de Quito tiene la oportunidad de poner sobre la mesa temas que son relevantes y en el caso humanitario y de frontera el régimen sabe que lo necesita.
Encontramos que a los retornados los han amenazado con detención por cuestionar las condiciones dentro de los centros
Tamara Taraciuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch
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