Entrevista: César Batiz | Redacción: Kemberlyn Talero
Han pasado dos semanas desde que se celebraron las elecciones regionales y municipales en el país y todavía Barinas sigue sin gobernador electo, pues este estado ahora debe esperar la repetición de los comicios el próximo 9 de enero. La actuación del Plan República y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) el pasado 21 de noviembre en la entidad, es uno de los señalamientos que realiza la abogada y activista de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, quien en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz, aseguró que estas autoridades burlaron la voluntad popular.
“Se evitó la proclamación de (Freddy) Superlano por el retardo del Ceofanb y especialmente el general de división José Rafael Serrano Gotera, comandante de la Zodi (Zona de Defensa Integral), en entregar las actas y todo el material electoral de los municipios”, dijo San Miguel, quien es especialista en temas militares, supervisora de los compromisos de Venezuela en el Estatuto de Roma y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), así como presidenta de la ONG Control Ciudadano.
La especialista advirtió que el comandante de la Zodi no cumplió con sus obligaciones como jefe del Plan República en la entidad. “El Plan República en el estado Barinas tiene que cambiar sus autoridades para las elecciones del 9 de enero. Tiene que ser removido al frente del Plan República el general José Rafael Serrano Gotera para la credibilidad de la custodia del material electoral”, expresó.
A propósito de las recientes elecciones de gobernadores, la ONG Control Ciudadano actualizó su informe sobre gobernadores que provienen de la Fuerza Armada Nacional (FAN), en el que destaca que para el período 2012-2017 de un total de 23 gobernadores, 12 provenían (cerca de 50%) de la Fuerza Armada Nacional (FAN), incluyendo a Henri Falcón, quien fue miembro del Ejército. Entre 2017-2021 la cifra bajó a 30% con la elección de siete gobernadores y en los últimos comicios el número de militares retirados electos gobernadores bajó a cuatro, lo que representa un 17%.
Para San Miguel, estas cifras son significativas, pues implican la disminución del peso militar en la estructura de las entidades federales donde los militares retirados suelen “colonizar los cargos” con compañeros de promoción, estructuras militares, control y militarización de las policías y un fenómeno de toma de control del estado por militares. Un ejemplo del modo en que se impone el ámbito militar se observó en el estado Apure con el exgobernador Ramón Carrizales, quien, a juicio de San Miguel, ejerció “una especie de caudillismo regional con la impronta militar”.
Sobre los resultados del pasado 21 de noviembre destaca los casos de Lara, Yaracuy, Trujillo y Sucre, con Adolfo José Pereira Antique, Julio León Heredia, Gerardo Alfredo Márquez y Gilberto Pinto, respectivamente.
Con relación al almirante Pereira Antique, indicó que es un heredero de Carmen Meléndez con el beneplácito de Maduro para ser candidato que, considera, reproducirá la gestión de Meléndez. De León Heredia comentó que es una figura cercana a Diosdado Cabello a quien cataloga como un caudillo en la región.
Rocío San Miguel, abogada y activista de Derechos Humanos
Sobre el capitán del Ejército Gerardo Alfredo Márquez señala que se espera una reproducción de la gestión de Henry Rangel Silva en la gobernación de Trujillo; mientras que del almirante Gilberto Pinto resaltó su inscripción en el Psuv desde 2008 a pesar de ser un alto oficial. “En un país con Estado de Derecho hubiera sido degradado y expulsado de la FAN por violar constitución”, apuntó.
San Miguel relaciona el nivel de represión registrado en episodios de protestas como los de 2017 en estados con militares en la gobernación en comparación con las entidades gobernadas por civiles, y como ejemplo señala los casos de Lara y Carabobo, entonces con Carmen Meléndez y Francisco Ameliach como gobernadores, respectivamente.
La abogada mencionó la complicación que representa para los gobernadores de oposición la relación con las autoridades militares en sus estados. “Es impensable que un gobernador como el de Zulia vaya a realizar alguna actividad sin tomar en cuenta la parte militar que es un eje transversal en los estados fronterizos de Venezuela”, opinó.
— Probablemente tengamos la respuesta en los próximos días. Se especula que podría ser Padrino López o inclusive María (Gabriela Chávez), la hija de Chávez que vive en Barinas. Entre esas dos personas podría estar la decisión definitiva del Psuv, se dice inclusive que Iris Varela podría aspirar, eso lo veo más difícil, pero el Psuv se ha caracterizado por dar sorpresas. Es una decisión compleja y un reto muy grande para el aspirante que asuma este desafío porque de perder se acaba toda aspiración política que pudiera tener.
— Se sabe de aspirantes que intentaron llegar a otros estados y no lo lograron. Para ser candidato del Psuv hay que contar con el beneplácito de Maduro y Cabello, eso ya es una hazaña para los aspirantes porque generalmente están con uno pero no con otro. Los gobernadores electos en esos estados son personajes que van a colocar una huella militar en su gestión.
— Carmen Meléndez ha tenido una trayectoria de enorme poder en estos 21 años, cercana a Hugo Chávez y con gran confianza de Nicolás Maduro. Pocos individuos dentro del chavismo-madurismo gozan de ese enorme poder. Carmen Meléndez ocupa cargos muy relevantes desde la llegada de Chávez al poder y no titubea en ejercer la militarización como esquema de represión y no me cabe la menor duda de que fue escogida por esas razones para ejercer la tutela del municipio Libertador, asiento de los Poderes Públicos. El cerco que se establece sobre la prohibición de protestas alrededor de Caracas va a ser una de sus funciones. También cabe esperar poca transparencia en la gestión pública y construcción de obras en la Alcaldía de Libertador, uno de los cargos en los que veremos el ejercicio de mayor poder a lo largo del 2022.
Rocío San Miguel, abogada y activista de Derechos Humanos
— En el monitoreo que hicimos el día de las elecciones teníamos al final de la jornada observaciones orientadas más a los cuerpos de seguridad del Estado que a la Fuerza Armada Nacional. No hubo grandes denuncias en todo el país y habíamos visto un Plan República bien comportado. Dramáticamente se conoce a lo largo de la semana lo que ocurrió Barinas y echa por borda todo lo visto como positivo.
Después de la visita del fiscal (de la Corte Penal Internacional) Karim Khan a Venezuela notamos un descenso vertiginoso de ese discurso soez que se suele emplear antes de las elecciones, y salvo lo de Barinas hemos visto un silencio estruendoso de la Fuerza Armada Nacional. Hay militares en Venezuela que cumplen fielmente su función y el día de las elecciones vimos militares ejemplares como dignos representantes de un Plan República en Venezuela.
—El país está cambiando. Hay algunos liderazgos de la oposición y en el Gobierno que parece no darse cuenta pero la gente quiere hacer las cosas en paz. Venezuela está agotada de la polarización que ha destruido al país. Los picos de polarización se manifiestan en las redes sociales, pero cuando te metes a los barrios y los pueblos ves otro país.
Los puntos de control político están prohibidos por el CNE, pero el CNE no tiene un brazo ejecutor que haga cumplir sus resoluciones. El brazo ejecutor es el Plan República, que tiene que velar por que se cumpla, tiene que ser custodio para impedir que cuerpos armados circulen por el país porque en ese momento está prohibido el porte de armas. Se sabe que los centros electorales de alto riesgo de Zulia están en el municipio San Francisco, entonces hay que reforzar la seguridad.
Rocío San Miguel, abogada y activista de Derechos Humanos
— Aumentó el poder militar pero se ha expresado en otras formas de cargos y ejercicios de poder. Chávez tenía muchos ministros, gobernadores y funcionarios de institutos autónomos. Nicolás Maduro ha asignado competencias, no vemos tantos militares ejerciendo el control de las instituciones, pero vemos militares ejerciendo el control de las armas legales del país a través de las policías regionales y nacionales. Controlan la nueva fuente de las riquezas por la vía de la explotación minera y también se asocia la participación de militares en los tráficos ilícitos en el país, como los fronterizos relacionados a drogas, minerales, combustibles, alimentos y personas.
—Coincido con él, estamos entrando a una fase muy importante para la historia venezolana. Si continúan los diálogos en México el tema de la Fuerza Armada Nacional tiene que estar presente. El quinto punto de la agenda habla de la violencia y convivencia política y social, y eso está estrechamente relacionado con el papel de la Fuerza Armada Nacional en términos de represión, cuerpos de seguridad del Estado y órganos de inteligencia.
Creo que hay que enfocarse en presentar los planes para una reinstitucionalización de la fuerza armada. También hay que hablar sobre los controles de armas y municiones, cuya responsabilidad corresponde a la Fuerza Armada Nacional. Tiene que definirse una política de fronteras, restablecer relaciones consulares con Colombia, Brasil, las Antillas y ver qué haremos en estrategia para recuperar el Esequibo. La política de frontera es esencial para la seguridad, defensa y soberanía.
Luego está el tema de la Corte Penal Internacional. Si Venezuela no avanza en justicia transicional el fiscal Khan va a emitir órdenes de detención contra posibles perpetradores de delitos de lesa humanidad. Sin diálogo no hay soluciones para el país, y no hablo de diálogos ingenuos. Hasta en la guerra se habla y hay que incorporar a la Fuerza Armada Nacional.
Rocío San Miguel, abogada y activista de Derechos Humanos
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