En dos años y ocho meses, la Corte Penal Internacional (CPI) ha recibido información sobre el contexto de manifestaciones registradas en Venezuela durante 2017 y ha considerado que existen indicios razonables para asegurar que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluso desde 2014. Hace apenas una semana, la fiscal general de la corte, Fatou Bensouda, culminó la segunda fase de un examen preliminar que comenzó en febrero de 2018. En la tercera etapa, que recién inicia, le corresponde a la CPI verificar si el Estado puede y tiene la voluntad de juzgar estos delitos.
Para conversar sobre los próximos escenarios que podrían registrarse en el contexto de una posible judicialización de autoridades venezolanas por la comisión de crímenes de lesa humanidad, El Pitazo conversó, este 12 de noviembre, con la abogada especialista en Derechos Humanos y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
El pasado 5 de noviembre se vio al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en un encuentro en La Haya con Bensouda, quien le comunicó la conclusión de la segunda fase. De acuerdo con Tineo, Saab, como titular del Ministerio Público, deberá informar a la fiscal qué decisiones está tomando el sistema de justicia venezolano para investigar, juzgar y condenar a los responsables.
“Cuando hablamos de lesa humanidad no quiere decir que necesariamente se juzgarán a los autores materiales, sino a los responsables del ataque sistemático y generalizado contra la sociedad civil. Estamos hablando de una cadena de mando, que llega al Ministro de la Defensa y al Presidente de la República”, explicó Tineo a través de un Facebook Live.
Martha Tineo, abogada y especialista en Derechos Humanos
Este examen preliminar contempla ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Sobre esos casos deberá informar el Ministerio Público. Ahora, el Estado podría decir que están aplicando la justicia, pero las víctimas dirán lo contrario. Por ejemplo, Tineo señala que existe 97 % de impunidad en las ejecuciones extrajudiciales de 2017. En ese sentido, la CPI deberá contrastar los datos.
No existe un tiempo establecido para cada fase del examen preliminar, aclara la abogada, y pone el ejemplo de Colombia que tiene más de 15 años en este paso. Al mismo tiempo advierte que la segunda fase era la más difícil de superar y ya culminó.
Ahora bien, la tercera fase podría concluir con la comprobación de que el Estado está investigando a los supuestos responsables. Si esto es así, entonces hasta allí llegaría el examen preliminar, porque se garantizaría el principio de complementariedad. En cambio, de verificarse que el Estado no tiene la capacidad ni quiere aplicar justicia, se pasaría a la cuarta etapa, la cual trata de valorar la gravedad de los hechos, el interés de la justicia y la necesidad de reparar a las víctimas. Si avanza nuevamente, Bensouda presentará sus conclusiones ante la sala de asuntos preliminares para decidir el inicio de una investigación penal internacional.
El caso venezolano tiene una particularidad, y es que, como se mencionó, en febrero de 2018 Bensouda inició de oficio el examen preliminar, pero luego, en septiembre de ese mismo año, seis países signatarios del Estatuto de Roma, que rige a la CPI, solicitaron investigar al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad. Esto permitiría a la Fiscal iniciar la investigación sin la autorización de la sala de asuntos preliminares. Tineo es enfática en que como existen dos formas de procedencia, la sala debería evaluar la posible actuación.
De acuerdo con Martha Tineo, abogada y especialista en Derechos Humanos
HAY UN 97% DE IMPUNIDAD EN LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE 2017
El caso de Geraldine Moreno, una joven asesinada en 2014, tiene responsables para la justicia venezolana: dos funcionarios de la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, el tribunal de juicio conoció que otros 13 funcionarios de la GN habían participado en la comisión de este delito. Aunque han pasado seis años, el Ministerio Público aún no ha concluido esta investigación.
Tineo asegura que no son solo estos funcionarios de seguridad los responsables, sino que existe una cadena de mando que podría responder a la justicia internacional, si la CPI concluye que el sistema de Venezuela no está en la capacidad de procesarlos.
“No basta con condenar a los soldados. ¿Dónde están los responsables de esa política de Estado, de que ese ataque se ejecute?”, advierte la abogada, quien recuerda que Saab, en este caso, tendría que investigar a esa cadena de mando.
Si la CPI inicia una investigación penal internacional, los acusados serían notificados formalmente y tendrían que dirigirse hasta la corte para someterse a la justicia. En caso de que los acusados decidan no comparecer, se podría dictar una orden de captura para que sean llevados hasta La Haya.
Para evitar esta materialización, Maduro, que encabeza la cadena de mando, podría dar su brazo a torcer, aceptar una transición política en Venezuela y ser juzgado en el país con un sistema que sea transparente, independiente, que garantice la no repetición y la reparación de las víctimas.
EL EXAMEN PRELIMINAR QUE SE SIGUE A VENEZUELA CONTEMPLA EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, DETENCIONES ARBITRARIAS, DESAPARICIONES FORZADAS Y TORTURAS. SOBRE ESOS CASOS DEBERÁ INFORMAR EL MINISTERIO PÚBLICO
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