Entrevista: César Batiz | Redacción: Kemberlyn Talero
Al menos tres reformas a las ordenanzas del municipio Baruta, en el estado Miranda, permiten la construcción en Las Mercedes de grandes edificaciones destinadas a oficinas que afectan la calidad de vida de los habitantes de esta zona, pues forman parte de un proyecto económico sin planificación urbanística. Así lo denuncia la arquitecta Kiomara Scovino, quien responsabiliza a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Darwin González.
“Decir que si no hay agua se cavan fosas, si no hay energía eléctrica se colocan plantas o si no hay internet se coloca un satélite, no es un plan urbano, son paños calientes para algo que se concibió como un gran negocio”, dijo Scovino en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz, en la que explicó que el desarrollo tiene que estar inscrito dentro de un plan urbano local que en Baruta y otros municipios “ha sido muy difícil lograr”.
Kiomara Scovino, arquitecta
La especialista, quien además es vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Prados del Este y vocera del Consejo Comunal de Prados del Este, aseguró que el mayor acercamiento a este plan se logró durante la gestión de Gerardo Blyde (2008-2017), cuando se avanzó en la contratación de expertos y consulta a los vecinos, pero no se desarrolló por falta de recursos.
En la elaboración de este plan también deben intervenir los representantes de los servicios públicos, explicó. “Hay demasiadas variables en un proyecto de planificación. Se requiere un cuerpo técnico especializado y factores políticos que son importantes, porque no siempre hay disposición de todos los organismos a invertir. Que se dé todo al mismo tiempo ha sido muy difícil”, señaló.
Kiomara Scovino, arquitecta
Scavino cuestiona el acceso a la información en el municipio, por lo que aseguró que no tiene la certeza de la cantidad de edificios aprobados, ni del criterio urbanístico o la legalidad, tampoco los datos de los compradores y vendedores. La vocera vecinal, además, denunció que la última ordenanza municipal aumentó la densidad de construcción permitida (número de pisos que se pueden construir) sin estudios de impacto previos ni consulta. Además, señala a Ingeniería Municipal de Baruta, actualmente a cargo de Harold Sosa, de otorgar licencias sin cumplir las exigencias de la norma.
“Solicitamos por escrito al alcalde Darwin González una reunión para discutir lo que pasa en el municipio y todavía estamos esperando respuestas”, dijo en referencia a la petición que realizan desde hace siete meses a la primera autoridad municipal. Pide que se le permita a la asociación que representa acceder a expedientes que considera “valiosísimos” para construir el argumento en defensa de la zonificación de cambios ilegales. Además, considera que entre los ciudadanos hay mucho temor a denunciar, en comparación con años anteriores. “Ha cambiado mucho la lucha vecinal”, aseveró, y en ese sentido pide transparencia y acceso a la información.
–Con la gestión de Darwin González nosotros no hemos tenido tanta participación como se esperaba y muchos hemos salido muy desilusionados. Ahora la denuncia es perseguida, se está judicializando la denuncia. Nosotros fuimos demandados, hay una persecución judicial contra nosotros (Asopraes). Es muy difícil hacer contraloría social y ser ciudadano participativo en ese contexto.
–Porque cuando es urbanístico hay variables ineludibles, entre ellas el impacto, los servicios públicos, el equipamiento urbano y la participación ciudadana, pero cuando una ordenanza permite más pisos y no se piensa en la vialidad, agua, luz y comunicaciones pasa a ser un proyecto económico. Quienes construyen y compran son un misterio, por eso queremos transparencia. Que se evalúe por qué Hidrocapital, por ejemplo, emite una orden de suficiencia de servicios cuando no hay agua en la ciudad, igual en el caso de la vialidad. Falta un plan urbano, por eso es un proyecto económico.
–La última está dirigida al eje norte. Hubo un intento de modificar la ordenanza de ese eje (Chuao, Las Mercedes – Colinas de Bello Monte), pero fue rechazado por los vecinos, por lo que hicieron los cambios en Las Mercedes, pero le dejaron el nombre de eje norte. Hubo cambios puntuales de zonificación, de densidad de construcción, es decir, pisos permitidos, y eso lo prohíbe la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. No se puede modificar una ordenanza antes de los 10 años de promulgada. En este caso incrementaron notablemente los metros de construcción sin resolver lo que eso implica en demanda de servicios, porque a más pisos se necesita más energía, agua y vialidad. La Alcaldía de Baruta debe tener urbanistas y especialistas, y preguntarle a los vecinos, es la consulta ciudadana. No hacerlo está mal desde el punto de vista legal, político y ético.
Kiomara Scovino, arquitecta
–Con la ordenanza se piden las variables urbanas, las cuales deben otorgarlas la alcaldía, a través de la Ingeniería Municipal, y las construcciones se tienen que acoger a esas disposiciones, pero va más allá, porque puede que la ordenanza apruebe 20 pisos y eso sea lo que se construya, pero hay que ver si la norma se ajusta a la realidad y a la ley. El asunto es que no se pueden aprobar ordenanzas que no se adapten a la realidad del entorno.
–Hay casos que aprueba el Consejo Municipal, pero cuando existe una ordenanza que contempla todos los puntos los aprueba la Ingeniería Municipal, a cargo de Harold Sosa, ente al que le pedimos que sea más crítico de lo que está pasando, pues debe velar por el cumplimiento de la norma.
–La más conocida es HP. No sabemos quién está detrás de esta empresa, pero es evidente porque se promociona muy bien y hace obras a nivel de urbanismo que deben ser acuerdos con la alcaldía, pero no se sabe a cambio de qué. Hay muchísima publicidad en Baruta que genera contaminación visual. Nosotros entendemos que hacen falta recursos y se las tiene que ingeniar para hacer gestión; es una realidad que comprendemos. Simplemente queremos transparencia, porque a lo mejor esa cogestión no sería solo con la empresa privada sino con las comunidades, y sería más bonito hacer gestión con la gente.
Kiomara Scovino, arquitecta
–Debo ser muy cuidadosa con la respuesta; sin embargo, eso debería ser de conocimiento público. Tampoco deberíamos estar expuestos a amenazas o retaliaciones no formales. En otros países es obligatorio informar y no una concesión del gobierno local. No deberíamos tener temor por preguntar.
–Aquí todo puede pasar. La nueva modalidad es que el infractor de la norma construye e Ingeniería Municipal deja hacer, no paraliza; uno denuncia y no resuelven, ni inspeccionan. Cuando ya se construyó dicen “qué malo”, paralizan un tiempo y luego siguen. Así nos dijeron en Prados del Este: “el alcalde no puede revocar porque lo pueden denunciar”, pero tenemos todas las cartas de años denunciando. Protegen al alcalde, el ciudadano queda denunciando para nada y ahí queda.
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