El 21 de septiembre de 2020, el medio digital venezolano La Gran Aldea recibió un email sin remitente: un desconocido les exigía eliminar La nueva cara bonita de Haiman El Troudi, una publicación de la periodista Elizabeth Fuentes que habla de los millones de dólares que manejaba en otros países la familia del exministro y diputado oficialista. Como el consejo editorial de La Gran Aldea no cedió, el 9 de octubre la página web fue tumbada del sitio que la alojaba. El propósito de esta acción, según el editor del portal censurado, Alejandro Hernández, es borrar el historial corrupto del exministro, para así poder hacer negocios en el extranjero.
En una transmisión de Facebook Live de este 15 de octubre, el editor de La Gran Aldea, Alejandro Hernández, contó al director de El Pitazo, César Batiz, lo que ocurrió desde aquel día de septiembre hasta este lunes, 12 de octubre, cuando regresaron con más compromiso con el periodismo independiente venezolano.
“Ellos te plagian y entonces te acusan de haber plagiado el texto”. Con esta frase Hernández resume de qué trata la estrategia que aplican compañías encargadas de limpiar la reputación en redes sociales de funcionarios de Nicolás Maduro que buscan movilizar fondos en el extranjero.
El novedoso interés de El Troudi por la naturaleza, los animales en extinción y su devoción a José Gregorio Hernández encendió las alarmas en La Gran Aldea. Sabían que esta intención estaba relacionada con su paso por el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas y los contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Así que el 28 de mayo de este año, Fuentes publicó su trabajo La nueva cara bonita de Haiman El Troudi.
EL EDITOR DE LA GRAN ALDEA, ALJENDRO HERNÁNDEZ, DESTACÓ QUE LOS ATAQUES CONTRA LA PÁGINA SOLO MOTIVAN A LOS PERIODISTAS A SEGUIR HACIENDO UN TRABAJO DECENTE Y HONESTO
Cuando cuatro meses después les exigieron bajar el artículo, el medio digital decidió no hacer ruido y mantener la publicación en línea. Pero la compañía contratada por El Troudi insistió y reclamó el 8 de octubre los derechos de autor de ese trabajo que, según ellos, pertenecían a una persona de nombre Vanessa Silva. Para sustentar la petición, crearon un blog donde aparecía la misma nota, pero con una fecha de publicación anterior a la de La Gran Aldea.
FUERA DE LÍNEA PORTAL LA GRAN ALDEA POR DENUNCIA DE HAIMAN EL TROUDI
La empresa de dominios Blue Host, que provee del servidor a La Gran Aldea, solicita que se baje la nota para evitar acciones legales, pero el medio argumentó que el contenido le pertenece, y la respuesta fue suspender el servicio de la página, lo que obligó al medio a migrar a otro sitio web para seguir al aire.
“Yo creo que estas prácticas buscan limpiar el nombre de los funcionarios frente a las operaciones financieras que ellos deben hacer”, sostiene el periodista, al mismo tiempo que recuerda que en el extranjero debe cumplirse con un trámite denominado due diligence, que implica revisar el historial de la persona que desea hacer una operación financiera. A su juicio, esto es lo que busca El Troudi, borrar cualquier vestigio de su relación con la corrupción.
Alejandro Hernández, editor del medio venezolano La Gran Aldea
Además de amenazar con demandas, estas compañías promueven ataques cibernéticos a través del tráfico de la página. Es decir, se intenta saturar la página para que otros usuarios no puedan entrar y para que Google no la posicione o alerte que el sitio web no es seguro.
Esta práctica, que cercena la libertad de expresión, se hace cada vez más frecuente. De acuerdo con Batiz, las compañías que son contratadas por oficialistas o personas ligadas con hechos de corrupción se comunican con los medios de comunicación para que eliminen los contenidos o de lo contrario amenazan con ejercer acciones legales.
Hernández, que es editor de La Gran Aldea desde su fundación en 2019, aclara que este hecho solo genera un estímulo en sus periodistas para seguir haciendo “un trabajo decente y honesto”.
Con esta frase Alejandro Hernández, editor del medio venezolano La Gran Aldea, resume cómo actúan los funcionarios para borrar su historial
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