Caracas.- Hacer cualquier pago en Venezuela pasa por el proceso de calcular su valor en dólares para luego realizar la transacción en moneda local, divisas o hasta criptomonedas; y es que cada día es más marcada la dolarización de facto que enfrenta el país como una válvula de escape a las profundas distorsiones económicas que lejos de solucionarse parece aumentar con el paso de los días.
La hiperinflación llevó a los venezolanos a refugiarse en una moneda dura para evitar las grandes pérdidas que representa apegarse al uso de la moneda oficial, y esta dolarización, de facto porque la moneda oficial sigue siendo el bolívar, se profundizó desde los apagones de 2019 debido a la falta de efectivo para realizar transacciones y la dificultad para pagar en puntos de venta por las fallas eléctricas. La pandemia también condujo a un repunte en el uso de las divisas
Diversas decisiones gubernamentales han apalancado el uso del dólar en el país, aunque sin reconocerlo de manera oficial. El mismo Nicolás Maduro dijo en 2019 que la dolarización podría contribuir a la recuperación de la producción en el país. Medidas como la dolarización de la cartera de créditos comerciales por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), o decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podrían hacer pensar que el país se dirige a un proceso de dolarización pero, ¿es factible realmente?
Douglas Ramírez, economista y profesor de la Universidad de Los Andes, señala en declaraciones para El Pitazo que en Venezuela muchas personas desean la dolarización porque sería un mecanismo que permitiría atacar de raíz el problema inflacionario y otros problemas como distorsión entre precios en moneda nacional e internacional pero su factibilidad depende de la capacidad por parte del Estado de cubrir con dólares la cantidad de dinero que necesita la economía para las transacciones y en este momento el BCV tiene agotadas sus reservas internacionales. Este proceso también requeriría de un plan de asistencia financiera internacional que en las condiciones actuales está restringido.
Considera que las medidas adoptadas por las instituciones del gobierno de Nicolás Maduro son “desordenadas porque no hay un marco regulatorio claro” y solo generan beneficio a ciertos grupos de poder, a su juicio, ligados al Ejecutivo nacional. “Puede ser una manera de legalizar los dólares, pero no tiene ninguna otra finalidad, ni hay un plan de inversión”.
En cambio Ramírez advierte que la hiperinflación en Venezuela representa un “robo al valor del trabajo”, ya que se genera por la monetización del déficit fiscal, es decir, el Gobierno gasta más dinero del que ingresa al país y lo financia a través del BCV con emisión monetaria. “Te meten la mano en el bolsillo y te roba para financiar sus gastos de cuadros políticos en el poder”. En ese sentido, considera que la dolarización podría ser un mecanismo creíble para que la gestión de Maduro no continúe financiando el déficit fiscal por esta vía, pero insiste en que actualmente no es posible realizarlo.
Sin embargo, resalta que con otro escenario político no sería necesario apelar a la dolarización porque se generaría una apertura a la economía mundial y financiamiento internacional que permitiría aumentar la producción. Mientras eso sucede, el país se mantendrá con dos economías que conviven de manera paralela en la que los más perjudicados son los que no tienen la posibilidad de generar divisas por ninguna vía.
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¿Qué dice la legislación nacional?
La Constitución es enfática al establecer que la moneda de curso legal es el bolívar. Sin embargo, la abogada Vestalia Tovar, consultada por El Pitazo, explica que desde 1999 el legislador ha flexibilizado el uso de divisas, primero a través de la reforma de la Ley del BCV, luego con el Convenio Cambiario N° 1 de 2018 que permite legalmente la circulación de divisas en el país.
«Las decisiones del TSJ han establecido de forma pacífica, continua y reiterada sus criterios jurisprudenciales sobre la materia de contratos jurídicos, si dentro de las cláusulas civiles ambas partes pactan en dólares es válido y legal, al punto que es procedente la cuantificación de una demanda en dólares», dijo la experta.
En 2019 el máximo tribunal hizo lo mismo con los contratos de arrendamiento con fines comerciales, decisiones que, según Tovar, implican que el dólar se ha legalizado en ciertas áreas, adaptándose a las necesidades básicas de la población y desde el punto de vista jurídico a la realidad nacional.
